El ELN anunció que impuso lo que denomina un “juicio revolucionario” contra dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y dos miembros de la Policía Nacional adscritos a la DIJÍN, quienes permanecen secuestrados en el departamento de Arauca.
De acuerdo con un comunicado, el ELN decidió aplicar una “sentencia condenatoria” que prolonga la retención de los funcionarios bajo la figura que denomina “prisión revolucionaria”. En el caso de los agentes del CTI, el ELN indicó que Jesús Antonio Pacheco deberá permanecer en cautiverio por 60 meses, mientras que Rodrigo López permanecerá retenido durante 55 meses, tiempo en el que se descontaría el periodo que ya llevan privados de la libertad, cercano a un año.
Los funcionarios del CTI fueron secuestrados el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Fortul, mientras que los integrantes de la DIJÍN fueron retenidos el 20 de julio del mismo año en la vía entre Tame y Arauca. Sobre estos últimos, el ELN también informó que se encuentran bajo su poder y que su situación hace parte del mismo esquema de retención, en el que adelanta procesos internos que denomina de “justicia revolucionaria”, sin que hasta el momento se conozcan decisiones finales similares a las anunciadas para los agentes del CTI.
En la lectura del documento, el ELN expone que, según su versión, los funcionarios estarían vinculados a labores de inteligencia, espionaje y otras actividades contra la organización. Estas afirmaciones corresponden a lo señalado por el ELN y no han sido confirmadas por autoridades judiciales.
El grupo armado sostiene que durante la retención ha aplicado normas internas y que contempla mecanismos como rebajas de pena y la posibilidad de un intercambio humanitario de prisioneros con el Gobierno nacional. No obstante, este tipo de actuaciones no tiene reconocimiento en el ordenamiento jurídico colombiano ni en el derecho internacional, y se enmarca en una privación ilegal de la libertad.
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