Colombia acaba de aprobar una ley que, en el papel, busca algo que nadie puede objetar: que la carne que llega a la mesa no venga de bosques destruidos. El Congreso la aplaudió. La embajada británica repartió hamburguesas en el Salón Elíptico. Los promotores la celebraron como un hito histórico. Y sin embargo, en los llanos de Arauca, en las fincas que llevan generaciones produciendo sin destruir, hay razones para leer con calma la letra chica antes de celebrar.
Lo que dice la ley
La norma aprobada esta semana articula los sistemas de trazabilidad animal (SINIGAN, SNIITA), los registros del IDEAM sobre pérdida de bosques, y las bases catastrales y de propiedad, todo bajo un sistema integrado que permitirá saber, predio por predio, si el ganado proviene de zonas deforestadas. Además crea las llamadas Zonas de Alta Vigilancia, donde el ICA podrá intensificar el control sobre el movimiento de ganado, las transacciones de compra y venta, y el uso del suelo. En un plazo de dos años, plantas de beneficio, subastas y exportadores deberán certificar que su cadena de suministro es libre de deforestación.
El problema con la premisa
El espíritu de la ley asume que la ganadería es el principal motor de la deforestación en Colombia. Eso es parcialmente cierto y merece matices. Los datos del IDEAM y del propio Ministerio de Ambiente señalan que las causas son múltiples: ganadería extensiva, sí, pero también cultivos ilícitos, minería ilegal, acaparamiento especulativo de tierras, vías ilegales, palma de aceite y soya. Lo que la ciencia sí distingue con claridad, aunque el debate político no siempre lo hace, es que hay una diferencia enorme entre el ganadero que deforesta para apropiarse de baldíos y el ganadero llanero que lleva cinco siglos conviviendo con la sabana sin destruirla.
En Arauca, en Casanare, en las sabanas inundables que son el corazón cultural y productivo de la Orinoquía, la ganadería no llegó a tumbar selva. Llegó antes que la selva misma se catalogara como objeto de protección. Esa distinción importa.
Lo que genera inquietud
La ley, vista desde sus instrumentos concretos, construye algo que va más allá de proteger los bosques: levanta una infraestructura de datos sobre la actividad ganadera privada sin precedentes en el país. El cruce de registros de ganado con catastro y monitoreo satelital de deforestación crea, en esencia, un mapa de quién tiene ganado, sobre qué tierra, con qué historial ambiental. En condiciones institucionales sólidas y con plena separación de poderes, eso es una herramienta técnica valiosa. Pero en un país donde el debate sobre la reforma agraria sigue abierto, donde el catastro multipropósito es a la vez instrumento fiscal y político, y donde hay temores legítimos de que la clasificación de predios como “deforestadores” pueda alimentar procesos de reversión de tierras, esa arquitectura de datos merece una lectura cautelosa.
La prueba está en el presente, no en el futuro
Y no es solo un temor teórico. Esta misma semana, mientras el Congreso celebraba la aprobación de la ley, el sistema SINIGAN en su versión 6 presentaba fallas que han impedido la expedición de guías de movilización en la región, generando un traumatismo real para los ganaderos de Arauca. Si el sistema de trazabilidad básico que ya existe colapsa bajo su propio peso, la pregunta legítima es qué pasará cuando se le añadan encima los registros del IDEAM, el catastro multipropósito, que tiene sus propios problemas de actualización conocidos, y las bases del ICA y los ministerios relacionados. Más integración sobre una base frágil no produce más control: produce más caos. Y el caos en el campo siempre lo paga el productor, no el funcionario que diseñó el sistema desde Bogotá.
No se trata de acusar a nadie de intenciones que no están escritas. Se trata de que las leyes no solo valen por su espíritu, sino por los instrumentos que crean y por quién los administra, y esos instrumentos ya están mostrando sus grietas.
La representante Julia Miranda, una de las autoras, lo dijo sin rodeos en la celebración: “La ley quedó muy bien hecha pero depende de la voluntad política ponerla en práctica.” Esa frase tiene dos lecturas. La primera, optimista: sin compromiso del ejecutivo la ley no funciona. La segunda, más incómoda: con demasiado compromiso del ejecutivo y sin contrapesos, los instrumentos de la ley pueden usarse para fines que sus autores no concibieron.
El ganadero que termina pagando
El sello de carne sostenible, apoyado por el Reino Unido bajo la marca GANSO, es presentado como una oportunidad de mercado. Y lo es, para quienes puedan acceder a él. Pero si ese sello se convierte en requisito para operar en el mercado formal, el pequeño y mediano ganadero llanero, que muchas veces carece de títulos perfectos, que maneja predios mixtos, que no tiene capacidad para financiar auditorías externas, queda en una posición de desventaja ante un proceso burocrático diseñado para empresas con departamentos jurídicos. La historia del campo colombiano está llena de normas de buen propósito que terminaron siendo aprovechadas por quienes tienen recursos para cumplirlas y usadas en contra de quienes no los tienen.
Lo que sí merece reconocerse
Hay un problema real que la ley intenta atacar: la ganadería como fachada del acaparamiento especulativo de tierras públicas. En la Amazonía, en el Guaviare, en zonas de reserva forestal, hay actores que talan para meter reses y establecer derechos de facto sobre baldíos. Eso no es ganadería llanera. Eso es especulación con destrucción ambiental como instrumento, y merece regulación. Separar ese fenómeno de la ganadería productiva y cultural de la Orinoquía es precisamente lo que una buena implementación de esta ley debería lograr.
Lo que Arauca necesita saber
Para la región, la pregunta no es si la ley es buena o mala en abstracto. La pregunta es cómo se implementará, quién fijará los criterios de las Zonas de Alta Vigilancia, qué pasará con los ganaderos que no alcancen la certificación en el plazo de dos años, y si el Estado tendrá la capacidad técnica e institucional de distinguir entre el hato familiar que lleva décadas en la sabana y el predio abierto ilegalmente hace tres años.
La ley fue sancionada con aplausos. La implementación se hará en silencio. Y ahí es donde los ganaderos, los municipios y los medios de la región tenemos que prestar atención.
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