El Congreso de la República aprobó en último debate la Ley Jineth Bedoya, una iniciativa que busca reducir la revictimización de mujeres y niñas que acuden a instituciones del Estado tras enfrentar casos de violencia basada en género.
La norma fue aprobada en la plenaria del Senado con 52 votos a favor y uno en contra, y ahora queda pendiente de sanción presidencial para entrar en vigencia.
El proyecto establece que funcionarios públicos, contratistas y particulares que cumplan funciones públicas deberán recibir capacitación en enfoque de género y atención a víctimas antes de intervenir en casos de violencia contra mujeres y niñas.
La ley busca evitar que las víctimas sean sometidas a tratos, preguntas, procedimientos o actuaciones institucionales que las obliguen a revivir los hechos de violencia o que profundicen el daño sufrido.
El nombre de la norma hace referencia a la periodista Jineth Bedoya, sobreviviente de secuestro, tortura y violencia sexual ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando investigaba hechos relacionados con redes criminales en la cárcel La Modelo de Bogotá.
Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2021 declaró responsable al Estado colombiano y ordenó medidas de reparación. La aprobación de esta ley responde, en parte, a ese proceso y a la necesidad de fortalecer la atención institucional a víctimas de violencia de género.
Durante su intervención en el Senado, Bedoya afirmó que seguirá defendiendo los derechos de las mujeres y resaltó que la aprobación de la ley representa un avance para evitar que otras víctimas enfrenten situaciones similares en las instituciones.
El proyecto fue impulsado en la Cámara por la representante Catherine Juvinao y en el Senado por las senadoras Norma Hurtado y Nadia Blel. Aunque la iniciativa enfrentó reparos durante su trámite, el Senado decidió aprobar el texto sin modificaciones para evitar que pasara a conciliación y quedara sin tiempo antes del cierre de la legislatura.
Con la sanción presidencial, la Ley Jineth Bedoya quedará lista para su implementación en las entidades públicas y en los espacios donde se atiendan casos de violencia contra mujeres y niñas.
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