La salud se convirtió en la principal preocupación de los colombianos y superó incluso a la corrupción entre los problemas que más inquietan al país. Así lo revela un estudio de percepción ciudadana elaborado por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes y operado por la firma Eureka Group.
La investigación, realizada entre el 11 y el 30 de mayo de 2026, consultó de manera presencial a 1.560 ciudadanos mayores de edad en 47 municipios del país, afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado. El estudio encontró que el 26,1% de los encuestados considera que la salud, particularmente por las dificultades en el acceso y la prestación de servicios, es hoy el problema más grave de Colombia. La corrupción ocupó el segundo lugar con 19,8%, seguida por la delincuencia y el crimen con 7,6%.
Uno de los hallazgos más relevantes muestra diferencias significativas entre usuarios de EPS intervenidas por el Gobierno y aquellas que continúan operando sin intervención estatal. Según el informe, el 49,5% de los afiliados a EPS no intervenidas afirmó haber recibido atención médica sin dificultades, mientras que entre usuarios de EPS intervenidas esa cifra cayó al 33%.
La entrega de medicamentos también reflejó brechas importantes. Solo el 34,5% de los encuestados aseguró haber recibido la totalidad de los medicamentos formulados. Entre afiliados a EPS no intervenidas, el porcentaje fue de 43,5%, mientras que en las intervenidas descendió a 25,3%.
El estudio también evidenció un aumento en los llamados gastos de bolsillo. Tres de cada diez colombianos afirmaron haber tenido que pagar directamente por servicios de salud, y cerca del 22% aseguró destinar más de 500.000 pesos mensuales para cubrir atenciones médicas.
En medio del debate nacional sobre el futuro del sistema, la encuesta también exploró la percepción frente a posibles reformas. El 43,6% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con reformar el sistema de salud; sin embargo, solo el 30,4% respaldó la desaparición de las EPS. Además, el 57,6% consideró que el Estado y el sector privado deben compartir la responsabilidad de garantizar la atención en salud.







