La Defensoría del Pueblo emitió una alerta por las graves afectaciones que deja la actual temporada de lluvias en los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare, donde las crecientes súbitas, inundaciones, deslizamientos y daños en la infraestructura vial han dejado comunidades incomunicadas y dificultades para el acceso a servicios esenciales.
La entidad advirtió que las fuertes precipitaciones registradas durante los últimos días han ocasionado derrumbes, pérdida de banca y afectaciones en puentes y carreteras nacionales, departamentales y municipales, limitando la movilidad y dificultando el traslado de ayuda humanitaria hacia las poblaciones más afectadas.
En Arauca, los daños se concentran en varios corredores estratégicos. Entre ellos se encuentran la vía La Soberanía, donde colapsó el puente metálico sobre Caño Negro, entre Saravena y Cubará; la Ruta de Los Libertadores, con afectaciones en el puente sobre el río Tame; además de daños reportados en la Marginal de la Selva y en el puente sobre el río Tigre, en jurisdicción del municipio de Fortul.
La Defensoría también alertó que varias comunidades permanecen incomunicadas por vía terrestre y enfrentan dificultades para acceder a servicios como agua potable, energía, gas e internet, situación que incrementa los riesgos de inseguridad alimentaria y limita el acceso a la atención en salud y educación.
En Boyacá, la emergencia afecta al menos 15 municipios que presentan colapso o riesgo de colapso de puentes, además de cierres viales ocasionados por deslizamientos y pérdida de banca. Municipios como Panqueba, Cubará, Paya, Guacamayas, Campohermoso, Chiscas, San Mateo, Miraflores, Páez, El Cocuy, San Luis de Gaceno y Santa María figuran entre los más comprometidos. Allí también se reportan familias evacuadas, viviendas destruidas y estudiantes reubicados.
En Casanare, la situación continúa siendo crítica por las inundaciones, derrumbes y daños en la infraestructura vial. El desbordamiento del río Pauto afectó gran parte del casco urbano de San Luis de Palenque y el departamento mantiene la declaratoria de calamidad pública, con más de 6.700 familias damnificadas en 19 municipios.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Transporte, al Instituto Nacional de Vías (Invías), a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), así como a gobernaciones y alcaldías, adoptar medidas urgentes para restablecer la conectividad terrestre, garantizar el ingreso de asistencia humanitaria y proteger a las comunidades que permanecen aisladas por la emergencia invernal.
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