Este jueves 16 de julio finaliza el plazo para que los afiliados que cumplen las condiciones establecidas puedan trasladarse entre Colpensiones y los fondos privados, mediante la llamada ventana de oportunidad creada por la reforma pensional.
El mecanismo fue incluido en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y permitió, de manera excepcional, que personas próximas a pensionarse reconsideraran su elección de régimen, pese a encontrarse a menos de diez años de cumplir la edad de jubilación.
La medida aplica para mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y hombres con 900 semanas, siempre que hayan recibido la doble asesoría obligatoria. Este procedimiento permite comparar las condiciones de ambos regímenes, el valor estimado de la pensión, las semanas requeridas y las consecuencias de tomar la decisión.
Las cifras disponibles muestran que la participación fue menor frente al universo de personas que podían acogerse al beneficio. Colpensiones estimó que más de un millón de afiliados cumplían los requisitos, pero solo una parte solicitó la asesoría y formalizó el traslado.
Según datos de Asofondos con corte al 15 de junio, se habían registrado más de 272.000 solicitudes de doble asesoría y 153.392 cambios de régimen. La mayoría de los movimientos se produjo desde los fondos privados hacia Colpensiones.
Por su parte, Colpensiones reportó que, hasta el 31 de mayo, 149.745 personas habían presentado solicitudes de traslado, de las cuales 148.609 fueron aprobadas y 719 rechazadas. También se registraron 137.398 movimientos desde el Régimen de Ahorro Individual hacia el sistema público y 8.070 en sentido contrario.
No todas las personas que solicitaron orientación decidieron cambiarse. En varios casos, la doble asesoría permitió determinar que permanecer en el régimen original ofrecía mejores condiciones, de acuerdo con la historia laboral y las circunstancias particulares de cada afiliado.
El cierre de la ventana pensional también deja pendiente una controversia sobre los recursos acumulados por las personas trasladadas. El Gobierno ordenó mediante el Decreto 415 de 2026 que esos fondos fueran transferidos a Colpensiones, al considerar que la entidad asumió la responsabilidad sobre las futuras pensiones.
Asofondos cuestionó la medida y sostuvo que los recursos deben permanecer bajo administración privada hasta que los afiliados consoliden el derecho a pensionarse. La discusión, que involucraría cerca de 25 billones de pesos, deberá ser resuelta por el Consejo de Estado.
Las cifras definitivas sobre el número de personas que aprovecharon la ventana de oportunidad se conocerán después del cierre de la jornada. También permanecen pendientes decisiones judiciales sobre el manejo de los recursos y la entrada en vigencia plena de la reforma pensional.
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