El gobierno de Gustavo Petro concluye este jueves 6 de agosto después de cuatro años marcados por la reducción de la pobreza, la aprobación de la reforma laboral y avances ambientales. También entrega el poder con presiones fiscales, dificultades en salud y seguridad, investigaciones por corrupción y decisiones presupuestales adoptadas durante las últimas semanas que comprometen recursos de la próxima administración.
La Contraloría identificó 14.414 contratos por cerca de $4,55 billones suscritos entre el 22 de junio y el 21 de julio, después de la segunda vuelta presidencial y del levantamiento de las restricciones de la Ley de Garantías. Más de 11.000 se celebraron mediante contratación directa y el monto aumentó 22,5% frente al mismo periodo de 2022. El organismo advirtió riesgos relacionados con planeación, concentración contractual, disponibilidad de recursos y seguimiento a la ejecución.
A este balance se suman procesos contractuales, vigencias futuras y proyectos que podrían comprometer más de $57 billones durante los próximos años. Los mayores montos corresponden a defensa, infraestructura educativa, vías y modernización hospitalaria. Parte de esos procesos todavía no ha sido adjudicada, pero su financiación se extendería hasta 2035 y 2036. El Gobierno sostuvo que mantiene sus facultades hasta el último día y que las inversiones buscan garantizar la continuidad de proyectos estratégicos.
Otra decisión de cierre fue el Decreto 802 del 23 de julio, mediante el cual se declaró una situación de desastre nacional por el fenómeno de El Niño y se abrió la posibilidad de trasladar cerca de $4 billones hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El Ejecutivo anunció que el dinero financiaría proyectos de agua potable, producción de alimentos y energía solar ante la sequía prevista para finales de 2026.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el parágrafo del artículo 4 y el segundo inciso del artículo 5. El tribunal consideró preliminarmente que esas disposiciones permitían modificar el presupuesto aprobado por el Congreso mediante traslados indeterminados y ejecutar recursos mediante negociaciones directas. El efecto inmediato es que esos movimientos no pueden realizarse utilizando las normas suspendidas. El resto de la declaratoria continúa vigente y la demanda de nulidad todavía no tiene una decisión de fondo.
El cierre también está acompañado por cuestionamientos a la sesión del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación convocada para este 6 de agosto en Cartagena. Según denuncias públicas, durante la reunión podrían someterse a decisión 49 proyectos por $735.000 millones. La Federación Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación pidió aplazar la votación hasta resolver dudas técnicas, jurídicas y sobre posibles conflictos de interés. La convocatoria oficial confirma la sesión, pero no acredita que los proyectos ya hayan sido aprobados.
La situación fiscal será uno de los principales asuntos que recibe el nuevo gobierno. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal proyectó para 2026 un déficit total de 6,7% del producto interno bruto y una deuda neta de 60,3%. Sus cálculos indican que cumplir la meta fiscal oficial requeriría un ajuste de $32,1 billones. La Contraloría agregó que el proyecto de presupuesto para 2027 presenta una desfinanciación de $30,2 billones.
La ejecución de la inversión fue otra dificultad. En 2025 se obligó el 64,2% de los recursos destinados a inversión, frente al promedio de 77,7% registrado entre 2000 y 2018. Esto significa que una parte importante del presupuesto disponible no alcanzó a convertirse durante la vigencia en obras, bienes o servicios contratados y recibidos.
Los resultados sociales presentan un comportamiento distinto. La pobreza monetaria se ubicó en 28% durante 2025 y la pobreza extrema en 9,6%. El DANE estimó que 1,79 millones de personas salieron de la pobreza entre 2024 y 2025, aunque 14,4 millones permanecían en esa condición. En las zonas rurales la incidencia todavía alcanzaba el 39,5%. La tasa de desempleo nacional llegó al 8% en junio de 2026 y la economía creció 2,6% durante 2025.
En su agenda legislativa, Petro consiguió la aprobación de la reforma laboral. La reforma pensional fue sancionada, pero su entrada en vigor continúa suspendida mientras la Corte Constitucional resuelve el trámite de la ley. La reforma a la salud no fue aprobada durante el periodo y el oficialismo radicó un nuevo proyecto el 21 de julio, cuando faltaban menos de tres semanas para el cambio de gobierno.
En seguridad, la política de paz total no produjo un acuerdo definitivo con los principales grupos armados. La Fundación Ideas para la Paz calculó que las estructuras ilegales superaron los 27.000 integrantes y que las zonas en disputa casi se duplicaron durante el cuatrienio. Las acciones de la Fuerza Pública aumentaron 34,5% entre 2024 y 2025, luego de la reducción operacional registrada durante los primeros años del mandato.
El caso de corrupción de la UNGRD también forma parte del balance. La Fiscalía acusó formalmente a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en un entramado que habría buscado direccionar proyectos a cambio de respaldos políticos en el Congreso. La investigación relaciona 79 contratos por $612.000 millones, de los cuales siete fueron adjudicados. Ambos exfuncionarios han rechazado las acusaciones y mantienen su defensa dentro del proceso.
Transparencia por Colombia calificó como deficiente el cumplimiento de la agenda anticorrupción. La organización reconoció avances en datos abiertos, SECOP II y herramientas para detectar riesgos contractuales, pero concluyó que no se consolidaron cambios estructurales y que los escándalos relacionados con funcionarios cercanos afectaron el liderazgo del Ejecutivo en esta materia.
El cambio de gobierno se producirá en medio de presiones fiscales y cuestionamientos por decisiones adoptadas durante las últimas semanas del mandato. A esto se suman las crisis no resueltas en salud y seguridad y las investigaciones por corrupción que acompañan el final del gobierno Petro.
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