El presidente Abelardo De La Espriella anunció nuevas medidas de austeridad fiscal, la preparación de un protocolo para la actuación de las autoridades ante hechos violentos en universidades públicas y presentó los principales componentes de la agenda de cooperación que su Gobierno busca desarrollar con Estados Unidos. Los anuncios hicieron parte de la alocución presidencial del domingo 13 de septiembre.
Uno de los principales puntos fue el Presupuesto General de la Nación para 2027, que asciende a cerca de $635 billones. De acuerdo con las cifras presentadas por el mandatario, $281 billones, aproximadamente 44% de los recursos, provendrían de deuda, mientras que el servicio de la deuda alcanzaría los $155 billones durante el próximo año.
De La Espriella atribuyó la situación fiscal que enfrenta su administración al gobierno de Gustavo Petro y cuestionó las decisiones presupuestales adoptadas durante la administración anterior. Estas afirmaciones corresponden a la valoración del actual mandatario sobre las finanzas recibidas y no constituyen por sí mismas una determinación fiscal, disciplinaria o judicial sobre la gestión de su antecesor.
Como respuesta a ese panorama, el Gobierno anunció un ajuste de austeridad cercano a $17,4 billones, que contempla reducciones en transferencias, adquisición de bienes y servicios y proyectos de inversión considerados no prioritarios.
Otro de los anuncios estuvo relacionado con las universidades públicas. De La Espriella informó que su Gobierno prepara un protocolo nacional para establecer las condiciones de actuación de las autoridades cuando se presenten hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público dentro de los campus.
El mandatario sostuvo que la protesta pacífica tendrá garantías, pero diferenció esas manifestaciones de hechos relacionados con vandalismo, ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y otras conductas violentas. También señaló que la Policía Nacional sería la primera autoridad operativa para intervenir en las situaciones contempladas por el protocolo.
El anuncio abrió una discusión alrededor de los alcances de la autonomía universitaria. Mientras algunos sectores respaldaron la propuesta del Gobierno, otras voces expresaron preocupación por sus posibles efectos sobre la autonomía de las instituciones y el movimiento estudiantil. Hasta ahora, lo anunciado por el Presidente corresponde a la preparación de un protocolo, por lo que sus condiciones definitivas dependerán del instrumento que expida el Gobierno y del marco constitucional y legal aplicable.
Durante la alocución, De La Espriella también retomó los resultados de la reunión que sostuvo el 8 de septiembre en Barranquilla con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El Gobierno denominó “Acuerdos de Barranquilla” a la hoja de ruta bilateral construida alrededor de tres ejes: reconstrucción, recuperación económica y seguridad hemisférica.
En materia de seguridad, Colombia presentó a Estados Unidos el denominado Plan Patriota Siglo XXI, una propuesta para fortalecer capacidades de aviación, radares, drones y sistemas antidrones, defensa aérea, inteligencia, ciberdefensa, movilidad y fuerzas especiales. La iniciativa busca cooperación estadounidense para su desarrollo, por lo que su presentación no significa que todas esas capacidades hayan sido financiadas, adquiridas o desplegadas.
La agenda bilateral también contempla atraer inversión hacia infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva. En el encuentro del 8 de septiembre quedaron firmados dos memorandos de entendimiento, uno sobre minerales críticos y tierras raras y otro sobre cooperación estratégica civil en materia nuclear. Estos documentos establecen marcos de cooperación y no equivalen, por sí solos, a la ejecución de proyectos específicos.
Sobre la presencia diplomática estadounidense en Barranquilla, De La Espriella afirmó durante la alocución que la ciudad tendrá nuevamente un consulado de Estados Unidos. Antes de la reunión con Rubio, la posibilidad estaba siendo planteada para estudio y había sido solicitada públicamente por autoridades del Atlántico. La afirmación presidencial representa un avance frente a la solicitud inicial, aunque las fuentes consultadas no detallan todavía fecha de apertura, ubicación ni cronograma para la nueva sede consular.
La intervención presidencial incluyó además anuncios sobre la reconstrucción después del terremoto del 10 de agosto. El Gobierno informó de un paquete cercano a $1 billón para infraestructura vial en Chocó, recursos para el sistema eléctrico, capital semilla y otros proyectos, además de estudios de factibilidad para evaluar un eventual canal interoceánico. En este último caso se trata de estudios, no de una decisión de construir el canal.
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