El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella prepara un estatuto antiterrorista con el que busca establecer nuevas herramientas jurídicas, judiciales y operativas frente a organizaciones armadas ilegales. La iniciativa, liderada por el Ministerio del Interior, deberá pasar primero por el Consejo de Política Criminal antes de llegar al Congreso.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que el proyecto supera los 130 artículos y contempla la creación de un listado de organizaciones consideradas terroristas. La inclusión o exclusión de estructuras estaría sometida a un procedimiento y la decisión correspondería al Consejo de Seguridad Nacional, según explicó el funcionario.
La propuesta contempla medidas específicas contra las organizaciones incluidas en ese listado, entre ellas un régimen penitenciario especial para cabecillas, mecanismos sobre sus bienes y mayores herramientas para perseguir las fuentes de financiación de estas estructuras. También se plantea reforzar los controles sobre actividades como la comercialización de oro y las operaciones de casas de cambio vinculadas al lavado de activos.
Otro componente está relacionado con las operaciones de la Fuerza Pública. El proyecto contempla condiciones para desarrollar operaciones con superioridad aérea, incluidos bombardeos, dentro de las normas del Derecho Internacional Humanitario. El alcance definitivo de estas disposiciones dependerá del texto que sea presentado y del trámite legislativo
El estatuto también incluiría medidas frente a asonadas en las que, según el Gobierno, organizaciones armadas utilicen a la población civil para obstaculizar operaciones de la Fuerza Pública. A esto se sumarían mecanismos de cooperación internacional y disposiciones dirigidas a combatir estructuras relacionadas con minería ilegal y otras fuentes de financiación.
Entre los cambios conocidos se encuentra además una propuesta para concentrar en el Consejo de Estado las acciones de tutela relacionadas con organizaciones que sean clasificadas como terroristas. Este punto, al involucrar el ejercicio de derechos fundamentales, deberá superar la discusión legislativa y los controles constitucionales correspondientes.
La iniciativa estaría dividida en una ley estatutaria y una ley ordinaria. La primera tendría el trámite especial previsto para asuntos relacionados con derechos fundamentales, incluida la aprobación por mayoría absoluta y la revisión automática de la Corte Constitucional.
Paralelamente, el Ministerio de Justicia prepara una ley de sometimiento. De acuerdo con Lara, las organizaciones incluidas en el listado podrían acceder a un procedimiento para salir de esa clasificación si se someten a la justicia bajo las condiciones que establezca esa legislación.
El Gobierno también prevé utilizar recursos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Fonsecon, para fortalecer capacidades tecnológicas en municipios afectados por problemas de orden público, incluyendo cámaras de alta definición y sistemas para cruzar información con bases de datos que apoyen la localización de integrantes de estructuras armadas.
El estatuto todavía no está vigente. Lara anunció que será presentado este jueves 8 de octubre ante el Consejo de Política Criminal y posteriormente deberá avanzar hacia el Congreso. Las disposiciones que finalmente sean aprobadas dependerán del debate legislativo y, para las materias sometidas a ley estatutaria, del control automático de la Corte Constitucional.
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