Una juez ordenó que se cumpla con el proceso para habilitar el servicio de ambulancias para atender tanto accidentes de tránsito, como emergencias domésticas en el municipio de Arauca, después de la acción popular que interpuso el concejal Felipe Palencia Córdoba contra la Unidad Administrativa Especial de Salud (Uaesa) y el hospital San Vicente, la cual estaba admitida desde el pasado 10 de abril.
La corporación reportó oficialmente la decisión y la definió como un “logro clave para asegurar una respuesta rápida y eficaz en situaciones de emergencia, lo que fortalecerá la seguridad y la salud de todos los habitantes” de la capital araucana.
El fallo del Juzgado Quinto de Arauca decidió emitir la sentencia aprobatoria del pacto de cumplimiento por la acción que había intentado la defensora del Pueblo, Natalia Puerta, a la que se sumó el concejal Palencia.
Los aspectos que deben cumplir las entidades demandadas y vinculadas al proceso son varias. La Uaesa, en 20 días hábiles contados desde el 08 de agosto, debe presentar un plan de inversión, para concretar la prestación del servicio de traslado medicalizado par las víctimas de accidentes que se registren en el casco urbano de Arauca, proyecto que debe ser presentado ante la gobernación, para que así la administración departamental, en máximo 20 días hábiles más, a través de la secretaría de Planeación, otorgue la viabilidad y se presente un proyecto de ordenanza ante la Asamblea departamental que autorice la apropiación de recursos requeridas para garantizar el servicio.
Después de aprobado en la duma serán 10 días hábiles para que se transfieran los recursos a la Uaesa, y 15 días después que ya la Unidad de Salud tenga los recursos tendrán una quincena para que firme el convenio interadministrativo con el hospital San Vicente.
Pero la decisión también contempla que en el presupuesto del departamento para el año 2025 que se debatirá en septiembre, se deben incluir recursos para que el año próximo se siga garantizando el servicio de manera continua.
La sentencia estableció que se conformará un comité de seguimiento que conformarán los demandantes, la defensora Natalia Puerta o quien ocupe el cargo, el concejal Felipe Córdoba, ambos como demandantes, y la juez quinta administrativa de Arauca, Eliana Marcela Sepúlveda Bayona, así como los demás involucrados, quienes deberán presentar un informe cada vez que se venzan los plazos establecidos para cada proceso.
