Una investigación exclusiva de El Tiempo reveló nuevos cuestionamientos alrededor de nombramientos de notarios y un proceso de contratación por cerca de 19.439 millones de pesos en la Superintendencia de Notariado y Registro, hechos que quedarían bajo revisión durante el Empalme Anticorrupción entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo De la Espriella.
Según la publicación de El Tiempo, la Supernotariado entró en la lista de entidades que serán observadas por el equipo de transición. Uno de los encargados de esa revisión en el sector Justicia es el abogado penalista Iván Cancino, quien lidera el empalme de esa cartera para el gobierno entrante.
La investigación expone una serie de decretos recientes que designan notarios en distintas ciudades del país, así como un proceso contractual relacionado con infraestructura tecnológica, consultoría estratégica en data center y gobierno de datos.
De acuerdo con El Tiempo, varios de los nombramientos corresponden a designaciones en interinidad realizadas en los últimos meses mediante decretos firmados por el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo. Entre los casos reportados aparecen nombramientos en Bogotá, Medellín, Cúcuta, Pasto, Bucaramanga y Cartagena.
Además, la investigación señala que el contrato en análisis estaría orientado a la adquisición, renovación e integración de componentes tecnológicos para la entidad. Aunque el proceso aún no aparece publicado en SECOP II, fuentes consultadas por ese medio manifestaron inquietudes sobre la estructura contractual y la concentración de múltiples componentes especializados dentro de una sola contratación.
Frente a los cuestionamientos, el superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano, aseguró a El Tiempo que los nombramientos responden a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio notarial ante vacancias en distintos despachos y que las designaciones se realizaron conforme a la ley.
Sobre el proceso contractual, Agudelo explicó que actualmente no existe una contratación formal en curso, sino un estudio de mercado adelantado por la Oficina de Tecnologías de la Información para atender fallas de conectividad que han afectado la prestación del servicio registral.
Entretanto, fuentes cercanas al Empalme Anticorrupción, citadas por El Tiempo, señalaron que tanto los nombramientos recientes como la pertinencia del proceso contractual serían objeto de revisión durante la transición gubernamental.
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