La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que para las elecciones nacionales de 2026 hay 170 municipios del país con algún nivel de riesgo electoral por coincidencia de factores indicativos de fraude y de violencia, de los cuales 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio. La cifra representa un aumento cercano al 30% frente a las elecciones de 2022, cuando se registraron 131 municipios en riesgo.
De acuerdo con el informe Mapas y Factores de Riesgo Electoral – Elecciones nacionales 2026, uno de los focos que requiere atención prioritaria es la subregión de Arauca, junto con el Nordeste antioqueño y sur de Bolívar, el andén Pacífico, el norte del Cauca, el suroriente colombiano (Meta, Caquetá y Guaviare) y el medio y bajo Putumayo. En estas zonas, la MOE señala que coinciden indicios estadísticos de posible fraude con riesgos derivados de la violencia y la presencia de actores armados ilegales.
En el caso de Arauca, la organización destaca que se trata de un territorio fronterizo con historial de presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas, lo que aumenta la probabilidad de presiones sobre votantes, candidatos y organizaciones políticas, así como restricciones a la movilidad y al trabajo de la prensa y la observación electoral. Estas advertencias coinciden con las alertas tempranas de riesgo electoral emitidas por la Defensoría del Pueblo para el periodo 2025–2026, que ubican a Arauca entre los departamentos donde la disputa territorial de grupos armados puede afectar el ejercicio del voto.
La MOE explica que el riesgo por fraude electoral se calcula a partir de atipicidades estadísticas observadas en las elecciones de 2014, 2018 y 2022, revisando variables como niveles de participación anómalos, tarjetones no marcados, votos nulos y patrones de “dominio electoral” que podrían sugerir manipulación de resultados.
Por otro lado, el riesgo por violencia se asocia a la intensidad del conflicto armado, la violencia contra liderazgos sociales y políticos, las afectaciones a la movilidad de la población y las violaciones a la libertad de prensa, factores que, combinados, pueden interferir en el desarrollo normal de la jornada electoral y en la libertad del sufragio.
Según el estudio, al excluir a Bogotá por sus particularidades urbanas, los 170 municipios en riesgo concentran más de 4,5 millones de personas habilitadas para votar, es decir, cerca del 11% del censo electoral nacional, lo que dimensiona la importancia de las medidas de prevención que adopten las autoridades.
La MOE hizo un llamado al Gobierno, a la Fuerza Pública y a las autoridades electorales para que concentren esfuerzos de seguridad y transparencia en las subregiones identificadas, entre ellas Arauca, con el fin de reducir los factores de fraude y violencia, y garantizar que la ciudadanía pueda votar de manera libre y segura en las elecciones de 2026.
