La Justicia de Venezuela comenzó a ejecutar excarcelaciones de presos políticos tras la aprobación de la Ley de Amnistía el 19 de febrero de 2026, destinada a liberar a personas detenidas por motivos políticos en distintos periodos de crisis en el país. La comisión parlamentaria encargada del seguimiento informó que se realizaron las primeras 379 solicitudes de excarcelación ante los tribunales competentes.
La ley, firmada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras su aprobación unánime en la Asamblea Nacional, cubre hechos de violencia política entre 1999 y 2026, pero delimita 13 coyunturas específicas, lo que ha generado críticas por dejar fuera numerosos casos registrados a lo largo de casi tres décadas.
Organizaciones como Foro Penal han reportado la liberación de presos políticos en cifras menores a las anunciadas por autoridades, confirmando decenas de excarcelaciones en los primeros días tras la entrada en vigor de la ley, mientras siguen verificando otros casos.
Sectores de la oposición, incluida la Plataforma Unitaria Democrática, señalaron que la verificación independiente de liberaciones ha sido reducida y que aún quedan cientos de personas privadas de la libertad que podrían no verse beneficiadas por la normativa legal.
La medida ha sido descrita por el gobierno como un paso hacia la reconciliación, mientras activistas y grupos de derechos humanos sostienen que la ley debería ampliarse para incluir a más detenidos y garantizar su libertad sin restricciones adicionales.
