Las declaraciones de Angie Rodríguez, actual directora del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), generaron reacciones en el Gobierno nacional tras referirse a presuntas irregularidades, disputas internas y posibles presiones dentro de la administración.
En entrevista con la revista Semana, la funcionaria afirmó que al interior del Gobierno existirían sectores que no creen en la continuidad del proyecto político y que, bajo esa percepción, estarían actuando de manera irregular frente al manejo de recursos públicos. Según indicó, “hay funcionarios que no creen que este gobierno vaya a continuar y que por eso lo están exprimiendo”.
Rodríguez también se refirió a la presencia de figuras con influencia dentro del Gobierno sin ocupar cargos oficiales. En ese contexto, mencionó a Juliana Guerrero, a quien atribuyó incidencia en distintas entidades del Ejecutivo y en espacios donde se toman decisiones estratégicas. Según sus declaraciones, esta influencia no se limitaría a un solo escenario institucional, sino que alcanzaría dinámicas relacionadas con la contratación y la definición de agendas en organismos del Estado.
Estas afirmaciones coinciden con versiones difundidas en medios nacionales que señalan una presunta injerencia de Guerrero en entidades como el Fondo Colombia en Paz, pese a no tener un cargo formal. Además, Rodríguez aseguró que Guerrero “se ufanaba de tener vínculos con el ELN”, una afirmación que eleva la gravedad de sus denuncias y que, hasta el momento, no ha sido confirmada por autoridades. La funcionaria también indicó que había advertido previamente al presidente sobre presuntas inconsistencias en su hoja de vida y sostuvo que Guerrero se presentaría como una persona con conexiones que le permitirían ejercer presión en distintos niveles del Gobierno.
En otro apartado de la entrevista, la funcionaria denunció que ha sido objeto de intimidaciones tras hacer públicas sus declaraciones. Relató que en la vivienda de sus padres, ubicada en el sur de Bogotá, se registró un hecho que, según su versión, no correspondería a un hurto convencional, ya que no se reportó la pérdida de bienes de valor, sino afectaciones dirigidas a elementos personales y simbólicos.
Rodríguez afirmó que el ingreso a la vivienda habría tenido como propósito amedrentarla para que guardara silencio frente a las denuncias. Indicó que durante el hecho fueron dañados objetos de carácter personal, como una Biblia y fotografías familiares, y que también se sustrajeron documentos relacionados con registros civiles y salidas del país.
La funcionaria aseguró que no descarta la posible participación de personas vinculadas a organismos de inteligencia o incluso a funcionarios del Gobierno, aunque reconoció que se trata de una hipótesis que deberá ser esclarecida por las autoridades. Según relató, un investigador del caso le habría señalado que la forma en que se ejecutó el ingreso a la vivienda evidenciaría un nivel de organización y técnicas que podrían corresponder a personal con entrenamiento en inteligencia o de tipo militar, dado que no se encontraron huellas ni rastros evidentes tras el hecho.
Rodríguez manifestó que no descarta que estas acciones estén relacionadas con sus denuncias y reiteró que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer responsabilidades. También hizo un llamado a la Fiscalía para que avance con celeridad en la investigación y se determinen responsabilidades frente a lo ocurrido.
Adicionalmente, sostuvo que no tiene intención de retirarse ni de atentar contra su integridad, en medio de un contexto que, según dijo, ha estado marcado por amenazas y situaciones que considera preocupantes. La funcionaria afirmó de manera explícita que no tiene “ninguna intención de suicidarse”, y explicó que hace esta aclaración debido a las presiones que asegura haber recibido tras decidir hacer públicas sus denuncias.
Relató que antes de conceder la entrevista en la que expuso estos hechos recibió mensajes desde números desconocidos en horas de la madrugada, en los que, según su versión, fue objeto de amenazas y extorsiones, situación que incluso la llevó a suspender inicialmente la conversación con el medio. Rodríguez indicó que estos mensajes forman parte del material que ya fue entregado a la Fiscalía y que deberá ser analizado dentro de la investigación.
La funcionaria señaló que estos hechos se suman a un ambiente de tensión que, según dijo, ha rodeado sus declaraciones, y reiteró que decidió hacer públicas sus denuncias pese a las advertencias recibidas. Agregó que parte de la información en su poder ya ha sido puesta en conocimiento de las autoridades competentes, mientras continúan las indagaciones para esclarecer lo ocurrido.
Hasta el momento, no se han conocido pronunciamientos oficiales que confirmen o desmientan las afirmaciones realizadas por la funcionaria. Las autoridades continúan con las investigaciones relacionadas con los hechos denunciados, mientras crece la atención sobre el alcance de estas declaraciones dentro del escenario político nacional.
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