La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, por los señalamientos que las relacionan con una presunta estructura dedicada a gestionar contratos en entidades del Gobierno nacional a cambio de dinero.
El caso fue asignado a la Dirección Especializada contra la Corrupción, que ordenó a la Policía Judicial iniciar la recolección y verificación de los elementos conocidos. Esta actuación busca establecer si existieron ofrecimientos, pagos o gestiones irregulares para facilitar el acceso de particulares a contratos públicos.
La investigación surge después de que la revista Semana publicara testimonios, conversaciones, audios y comprobantes de transferencias que, según ese medio, vincularían a las hermanas Guerrero con empresarios interesados en proyectos relacionados con cámaras de seguridad, acueductos y mejoramiento de viviendas. Los hechos señalados habrían ocurrido entre mediados de 2024 y marzo de 2025.
De acuerdo con la publicación, los empresarios habrían entregado dinero con la expectativa de acceder a proyectos financiados por los ministerios del Interior y de Vivienda. La existencia de los pagos y la posible intervención de las personas mencionadas deberán ser comprobadas por la Fiscalía durante la investigación.
Juliana Guerrero rechazó los señalamientos mediante un comunicado difundido por sus abogados. Afirmó que nunca se ha reunido con empresarios, contratistas o intermediarios para gestionar contratos, y negó haber recibido dinero, comisiones o beneficios relacionados con decisiones del sector público. También sostuvo que no tiene vínculo contractual ni nombramiento en el Gobierno nacional desde hace más de un año.
El presidente Gustavo Petro pidió que Guerrero y su hermana denuncien a quienes presuntamente intentaron involucrarlas y señaló que, si recibieron dinero, deberán devolverlo y colaborar con la justicia. Su pronunciamiento generó discusión política debido al respaldo que el mandatario había expresado anteriormente hacia la exfuncionaria.
Esta investigación es independiente del proceso penal que Guerrero enfrenta por presuntas irregularidades relacionadas con los títulos académicos que presentó cuando aspiraba al Viceministerio de las Juventudes. En ambos casos conserva la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que determine su responsabilidad.
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