El presidente Abelardo De La Espriella dio por terminada la política de paz total y aseguró que su Gobierno no continuará el esquema de negociación con estructuras criminales que mantengan actividades delictivas. El pronunciamiento estuvo acompañado del anuncio de la extradición de cinco cabecillas requeridos por autoridades de Estados Unidos.
Desde el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el mandatario presentó su posición frente a la política desarrollada durante el gobierno de Gustavo Petro y sostuvo que, tras revisar los casos de varios cabecillas vinculados a procesos de diálogo, su administración no encontró resultados que justificaran mantener suspendidas sus extradiciones.
De acuerdo con De La Espriella, la revisión se realizó con la oficina del consejero Comisionado de Paz. El presidente afirmó que no se encontraron “aportes verificables ni resultados concretos” de estas personas a la consecución de la paz y aseguró que habrían continuado vinculadas a actividades delictivas. Se trata de una valoración presentada por el mandatario para sustentar la decisión de reactivar los procesos de extradición.
El presidente señaló que bajo su administración no habrá negociación para quienes persistan en actividades criminales y planteó el sometimiento a la justicia como la vía para estas estructuras. Al mismo tiempo, indicó que quienes demuestren una voluntad efectiva de abandonar la violencia podrán encontrar mecanismos dentro de la Constitución y la ley.
Como parte de esta nueva posición, De La Espriella anunció la extradición de Willington Henao Gutiérrez, alias el Mocho Olmedo; Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca; y Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, quienes se encuentran bajo custodia de las autoridades colombianas.
Sus extradiciones habían sido autorizadas por la Corte Suprema de Justicia, pero permanecían suspendidas durante el gobierno anterior en el contexto de los procesos de diálogo con estructuras criminales.
También anunció que Gabriel Yepes Mejía, alias HH, y Fredy Castillo Castillo, alias Pinocho serán extraditados una vez sean capturados.
Los cinco son requeridos por autoridades judiciales estadounidenses por delitos que, dependiendo de cada caso, están relacionados con narcotráfico, lavado de activos, concierto para delinquir, porte de armas y narcoterrorismo.
Con estas decisiones, el nuevo Gobierno marca una ruptura con el enfoque de paz total de la administración anterior y establece el sometimiento a la justicia como su línea frente a las estructuras criminales que continúen delinquiendo.
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