El Gobierno Nacional anunció ayudas económicas para familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, pero los montos divulgados no son iguales para todos los beneficiarios. Uno de los subsidios corresponde al esquema anunciado para hogares afectados en distintas zonas del país y otro fue establecido específicamente para Buenaventura.
El presidente Abelardo De La Espriella informó que el primer auxilio será de $875.452 mensuales durante tres meses, equivalente a $2.626.356 por familia. Está dirigido a hogares que perdieron su vivienda o cuya casa fue declarada inhabitable como consecuencia del terremoto.
Para recibir esta ayuda, las familias deberán estar incluidas en el censo oficial de damnificados y la vivienda tendrá que haber sido evaluada para determinar su nivel de afectación. Según la información divulgada, los recursos serán entregados a quien figure como cabeza del hogar.
El Gobierno anunció que los desembolsos comenzarán el 26 de agosto. Los recursos podrán utilizarse para necesidades como arriendo, alimentación, atención médica o adquisición de materiales.
Para las familias damnificadas de Buenaventura, el Gobierno anunció un monto distinto. En este caso serán $1.050.000 mensuales durante tres meses, para un total de $3.150.000 por familia.
Este beneficio también comenzará a entregarse desde el 26 de agosto y estará destinado a familias de Buenaventura que se encuentren debidamente registradas y censadas como afectadas por el terremoto.
De esta manera, los anuncios corresponden a dos montos diferenciados: $875.452 mensuales dentro del esquema informado para hogares damnificados y $1.050.000 mensuales para las familias beneficiarias en Buenaventura.
En este distrito también fueron anunciadas otras acciones para la reconstrucción, entre ellas la donación de 101 viviendas por parte de dos empresas y la llegada de materiales de construcción para atender las afectaciones.
Los recursos destinados a la atención y reconstrucción serán canalizados a través del denominado Fondo Milagro, creado por el Gobierno para administrar recursos públicos y privados destinados a las zonas afectadas por el terremoto.
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