El ministro del Interior, Guillermo Rivera, firmó la Resolución 1190 que ordena a las autoridades locales y de la fuerza pública adoptar el polémico protocolo de la protesta pacífica.
En sus primeras declaraciones acerca de esta resolución y sus efectos, el ministro Rivera aclaró que “es una compilación de las normas vigentes y la jurisprudencia aplicable que servirá de guía metodológica para la actuación de autoridades civiles y de policía durante las protestas pacíficas”.
Además, Rivera destaca que se hizo un proceso de concertación de “lineamientos para la adopción de medidas pertinentes por parte de las autoridades del orden ejecutivo, en coordinación con la Policía Nacional y dirigidas a respetar y garantizar el ejercicio de la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos”.
Este protocolo busca proteger los derechos de los derechos de los ciudadanos en las diferentes manifestaciones de carácter pacífico que se presenten en el país. También incluye el Acuerdo Final de Paz con las Farc a través del numeral 2.2.2. Por eso, el ministro señala que “el uso de la fuerza debe ser considerado el último recurso de la intervención de la Policía Nacional”.