El informe del Relator Especial de la ONU dice que “históricamente, la tasa de impunidad de los homicidios contra los defensores y defensoras en Colombia se ha situado en torno al 95 %” y concluye que “Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en esta materia”.
Estas afirmaciones son las que generaron molestia en el gobierno nacional y que provocaron ataques y propuestas muy duras sobre la permanencia de la ONU en Colombia. Hoy oficialmente es presentado en Ginebra – Suiza sin ninguna modificación, pues tal como lo ha dicho Michel Forst los esfuerzos por tratar de reunirse con el Presidente Duque fueron infructuosos, y ha manifestado que si esa reunión se hubiese dado el informe pudo ser objeto de ajustes ya que él tenía varias recomendaciones para hacer y que ayudarían a la obtención de resultados diferentes a los que hoy se presentarán. Así lo expresó el relator: “Mi propuesta, y lamento que no haya sido escuchada, era hacer ese primer reporte, entregarlo y después volver para establecer de qué manera se podían poner en marcha mis recomendaciones. De haberse constatado que era muy difícil, yo hubiera estado ahí para retirarlas, remodelarlas, ajustarlas o brindar asesoría técnica.”
En su informe también concluye “que la gran mayoría de las personas defensoras de los derechos humanos están en peligro, y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma del Acuerdo de Paz”. “Las personas defensoras en mayor riesgo son los líderes y lideresas sociales, que defienden los derechos humanos en zonas rurales, en particular el Acuerdo de Paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medio ambiente, frente a los intereses de grupos criminales, grupos armados e ilegales, y frente a los intereses de actores estatales y no estatales como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder”.