En una columna anterior (Ver: ¿Qué entendemos en Arauca por desarrollo?), nos cuestionábamos acerca del criterio que debe definir la orientación de una política de desarrollo consciente y activa. Advertíamos en ese momento, que los diferentes enfoques conceptuales y prácticos, consideran variables y nociones tan diversas como la felicidad, el bienestar, el crecimiento económico, la sostenibilidad, la igualdad o la equidad, entre otras.
Estas variables o dimensiones, son importantes a la hora de establecer una visión holística de lo que se debe entender por desarrollo, sin embargo, son dificiles de “operacionalizar” en el momento de definir cursos de acción concretos. La felicidad y el bienestar son ideales ambiguos y excesivamente subjetivos; el crecimiento económico es insuficiente por si mismo; la preocupación por la sostenibilidad si bien apunta a un problema que atañe a toda la sociedad planetaria, tiende a dejar a un lado las cuestiones relacionadas con las desigualdades y las asimetrias políticas y económicas; por su parte, la igualdad y la equidad, suelen asociarse con políticas redistributivas con cierta connotación negativa en virtud a experiencias históricas específicas.
La reflexión en torno a esta indeterminación, nos ha llevado a considerar la categoría de Justicia Social, como la que mejor se ajusta para el diseño y la implementación de una política de desarrollo territorial. Veamos por qué.
En primer lugar, tiene que ver con la forma en que se define. En este punto, siguiendo a Haidt y Lukianoff (2020), entendemos que la Justicia Social corresponde al “esfuerzo por detectar y arreglar los casos donde se les niega la justicia distributiva o procedimental a algunas personas porque nacieron en la pobreza o pertenecen a una categoría en desventaja social” (Pág. 339). Por su parte, en palabras de Piketty (2019), “una sociedad justa es la que permite a todos sus miembros acceder a los bienes fundamentales de la manera más amplia posible […]. La sociedad justa organiza las relaciones socioeconómicas, las relaciones de propiedad y la distribución de la renta y la riqueza, con una meta: que los miembros menos favorecidos puedan disfrutar de las mejores condiciones de vida posibles…” (Pág. 1146).
Como puede advertirse en las dos definiciones esgrimidas en el párrafo anterior, se trata de un concepto práctico y eminentemente comparativo (Sen, 2019). Presenta el dilema acerca de lo proporcional y la importancia de definir qué grupos sociales o personas, requieren en un momento determinado de medidas de protección y apoyo específicas; de igual manera, involucra un aspecto procedimental, relacionado con la discusión acerca de los medios idóneos para alcanzar los fines que se consideran deseables.
Únicamente partiendo de esta visión práctica, es posible hacer operativa la concepción de Amartya Sen (2019) del desarrollo como libertad. Libertad entendida ya no en forma negativa, esto es, en relación a la no existencia de constricciones en el entorno, sino concebida desde una connotación positiva: como la posibilidad de contar con los elementos mínimos para realmente hacer efectivos los derechos fundamentales. No se trata así, de sucumbir al fetiche de la igualdad en los resultados, sino de concebir políticas públicas que permitan garantizar las mismas condiciones de inicio para todos. Alcanzar una verdadera Justicia Social, requiere reconocer los que nos integran en medio de nuestra diversidad individual, así como lo que nos diferencia dentro de las dinámicas sociales a las que todos nos vemos abocados.
Como tercer elemento importante, podemos destacar que esta noción de Justicia Social, lleva a enfatizar en las asimetrías y las desigualdades existentes. El objetivo, por supuesto, es la implementación de mecanismos institucionalizados que garanticen procesos de “discriminación positiva”. Tal como lo recalca Piketty (2019), únicamente a través de un sistema de “cuotas” y “preferencias” que brinde mejores oportunidades y mayor representatividad para los grupos sociales excluidos, es posible superar las brechas económicas, políticas y culturales arraigadas en los territorios. La significancia de esto último no es menor, pues implica controvertir la retórica autocomplaciente de quienes históricamente han resultado favorecidos, y ven en este tipo de propuestas, una amenaza a sus derechos adquiridos.
Por último, es necesario recalcar que el énfasis en la Justicia Social, permite trascender de la falsa dicotomía entre izquierda y derecha que, tal como comentábamos en otro espacio (ver: La configuración política contemporánea en guaicapuroestereo.com), en la actualidad corresponde realmente a una confrontación de élites. El llamado es, a consolidar nuevos arreglos institucionales, realmente incluyentes con una gran parte de la población que hoy no se siente representada y que por eso mismo ha renunciado al ejercicio de sus derechos políticos. Para alcanzar este objetivo, no es necesario remitirse a la incertidumbre de los impulsos revolucionarios, ni mucho menos dejarse adormecer por la satisfacción exagerada que expresa la retórica del establishment.
Este es un camino, o una Vía para ponerlo en término de Edgar Morin (2011), que como lo expresa el poema, se va construyendo al andar (Morin, 2016a). En este entendido, hay que hacer propia la propuesta de Griffits (Citado por Murillo Torrecilla y Hernández Castilla, 2011) de hacer de la Justicia Social un verbo, esto es, “un proyecto dinámico, nunca completo, acabado o alcanzado “una vez y para todos”, siempre […] sujeto a reflexión y mejora. [Que] sin embargo, no nos libera de intentar desentrañarlo, sino que nos hace conscientes de la temporalidad de nuestras palabras” (Murillo Torrecilla & Hernández Castilla, 2011, pág. 20).
En nuestro departamento de Arauca, nos queda la reflexión acerca de si estamos recorriendo el camino correcto para alcanzar una verdadera Justicia Social, o si es necesario, por el contrario, replantearnos el camino recorrido. Esta es, por supuesto, una introspección que debemos promover en todos los niveles y todos los espacios posibles, propendiendo por construir una consciencia crítica que nos lleve a consolidar un acuerdo sobre lo fundamental: ¡la igualdad en oportunidades y derechos para todos!
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