Por Diana Morales R. Politóloga y Magíster en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo
Tal vez no haya un territorio en el país con más diagnósticos, con más estudios ni más aproximaciones a las causas de la violencia política que le aqueja que el departamento de Arauca. Sin embargo, nunca serán suficientes las hipótesis para desentrañar la terrible situación de conflicto que soporta este territorio, aún después de firmado el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC-EP. En este escrito, insistiré en algunos lugares conocidos, pero aportaré – también- elementos nuevos para el análisis. Con todo ello, espero aportar en la construcción de una posible solución a la situación humanitaria que vive el departamento.
Para iniciar, es necesario reseñar la complejidad del territorio araucano. En el aspecto geográfico, el departamento es la confluencia de las estribaciones montañosas de la cordillera oriental y la sabana abierta propia de la Orinoquia. Parte de su territorio, responde a la cadena montañosa que comparte con las partes más extremas de los departamentos de Boyacá y Norte de Santander. La sabana araucana es la prolongación del territorio plano que se abre desde el Casanare, y que se homogeniza con el llano abierto venezolano. La constitución física del territorio permite experimentar climas diversos que van desde el frío, en su conexión con Boyacá, hasta las altas temperaturas y la humedad que se vive en la sabana: cultivos de clima frío en minifundios y pequeña propiedad campesina al occidente, junto a grandes porciones de tierra dedicadas a la ganadería extensiva en la parte más oriental. Esta confluencia montañosa y llanera será importante no solo para explicar las lógicas de poblamiento sino para dar cuenta de la persistencia del conflicto armado ligado a la complejidad del relieve.
La población araucana responde a diversos procesos de migración. Las causas de estas migraciones son diversas, pero podría hablarse de, por una parte, la confluencia de la colonización armada, desarrollada como consecuencia de la Violencia liberal-conservadora de los cincuenta, y la colonización dirigida, generada desde el Estado en la política de ampliación de la frontera agrícola. Por otra parte, y más tardíamente, podría mencionarse un proceso de migración que fue fruto de la explotación petrolera, el cual se asentará en el departamento a mediados de los años ochenta. Y, ulterior a los mencionados con anterioridad, la ola de poblamiento desde la instalación de cultivos de uso ilícito. Estas migraciones proceden de diversos territorios fuente. El Suroccidente se pobló con migraciones provenientes de la zona de Cocuy en Boyacá. Este proceso es notorio en la configuración del municipio de Tame que responde en buena medida a ese desplazamiento campesino andino. En la parte Noroccidental del departamento, la población es una proyección de las migraciones desde los “Santanderes”, cuya base más estable se puede encontrar en Saravena y parte de Fortul. La zona llanera, la sabana abierta, en especial la zona más oriental, Puerto Rondón y Cravo Norte, es una proyección de la colonización del Casanare. Los motivos de la colonización y la migración sumado a los territorios de origen, configuran una composición poblacional muy diversa, con algunos conflictos sociales, económicos y políticos que han configurado un territorio inestable en términos políticos y administrativos.
La colonización armada y el desplazamiento campesino desde el Sarare incubaron formas de autodefensa del campesinado frente al pasado de agresión sufrido en medio de la Gran Violencia. De allí, emergió una organización campesina, la cual tenía -de alguna manera conexión con ese pasado de resistencia armada. Esta, ante la ausencia del Estado, se convirtió en una forma de estructuración social para solucionar los conflictos al interior y para salvaguardar la seguridad de la comunidad frente a las amenazas externas. La organización de la violencia, latente y solo como mecanismo de autodefensa, fue un terreno fértil para que las guerrillas de primera generación se asentaran y se expandieran en el territorio.
En principio, fue el Ejército de Liberación Nacional (ELN) quien hacia finales de los años setenta aprovechó ese pasado de resistencia y organización armada para desarrollar un capitulo más de su proceso de expansión en el territorio. El ELN terminó permeando esas formas organizativas y, luego, con la imposición de rentas extorsivas a la industria petrolera de la zona se catapultaron como la organización subversiva con mayor ingreso per cápita en el mundo en los años de 1980 y 1990. Esta organización insurgente fundó el Frente Domingo Laín, el cual se convirtió en la estructura armada central de esa guerrilla, luego de la debacle de toda la organización en el resto del país: el Laín resucitó al ELN y lo puso a jugar como un actor de la violencia política en el orden nacional. Las FARC-EP se instalaron en la misma época, con apenas un par de años de diferencia. Si bien el discurso comunista no predominaba en el territorio, la estrategia de desdoblamiento de sus unidades hizo que del Cuarto Frente, asentado en el Magdalena Medio, emergiera el Frente Décimo y, de este, el Frente 45, el 28 y el 56, los cuales ocuparían la confluencia Boyacá–Casanare–Arauca. El ELN se haría fuerte en Saravena, Fortul, y parte de Tame, fortines de la colonización del Sarare; mientras que las FARC-EP se expandirían con mayor densidad en Arauquita, Arauca capital y parte de la sabana, donde campeó la colonización casanareña.
Por supuesto, los procesos organizativos de las dos guerrillas fueron diferentes; incluso llegaron a disputarse de manera violenta los territorios y las poblaciones. El ELN ha sido siempre una guerrilla de estructura federada, con mucha autonomía de sus unidades y baja capacidad de dirección a nivel central. En el caso del Laín, esta observación es aún más cierta. Las estructuras de Arauca- Boyacá- Casanare (Fuerza de área ABC) son una ínsula respecto a las demás estructuras de la organización, y pueden imponer sus decisiones a la dirección nacional. Lo anterior, sumado a su capacidad de insertarse en las dinámicas económicas y políticas del territorio, le han granjeado una suficiencia financiera y militar que le han permitido desarrollar sus propias acciones armadas, incluso, fuera de su territorio de influencia, y construir, además, una línea política propia, que no consulta con las orientaciones del Comando Central (COCE). El “clientelismo armado” -como ciertos estudiosos lo denominan-, las rentas extorsivas a las compañías y empresas de la región y su nueva conexión con las dinámicas políticas de Venezuela explican su fortaleza, su independencia y su capacidad de permanecer en la región y proyectarse nacionalmente, más que el propio ELN como organización. Las FARC-EP siguieron en el territorio araucano las mismas lógicas de expansión que desarrollaron en todo el país: una guerrilla centralizada, con claro dominio de las estructuras centrales sobre sus frentes y con la orientación de una línea política única derivada de las conclusiones de sus Plenos y Conferencias. El ELN acaparó la renta extorsiva a la industria petrolera y medró bajo las relaciones clientelares violentas con los partidos tradicionales para hacerse con las administraciones locales. La guerrilla de las FARC-EP, más reacia a la penetración de las administraciones locales, sin la renta del petróleo, se refugió en los impuestos a las actividades ilegales del narcotráfico, el secuestro y la extorsión. En esas acciones, desde esas orientaciones y con las distancias financieras, políticas y organizativas, las guerrillas siempre tuvieron fases de agresión violenta, con numerosos muertos, atentados a las comandancias de cada una y, por supuesto, violencia desmedida contra la población civil que cada una consideraba las bases poblacionales de la otra.
El paramilitarismo surgió muy recientemente, más como una iniciativa foránea, desgajada de la influencia del mundo casanareño y unida a la lógica de ejércitos privados al servicio del capital ilegal, que como una respuesta interna a los desmanes de las guerrillas contra la población civil. La irrupción del terror paramilitar, la permeabilidad de la dirigencia local, las alianzas pragmáticas con algunos sectores de la Fuerza Pública, y la incapacidad de reducir las brechas y conflictos sociales, auparon la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los paramilitares se hicieron fuertes en los cascos urbanos y sus campamentos y zonas de asentamiento se situaron en la sabana araucana. Aunque al principio jugaron un papel importante en la confrontación, al final redujeron su accionar a las cabeceras municipales, a la apropiación de las rentas ilegales, al asesinato y amedrentamiento de líderes y organizaciones sociales, mientras que el combate abierto contra las guerrillas, en especial contra las FARC-EP le correspondió a las Fuerzas Militares.
Por supuesto, como en todo el país, las alianzas entre miembros de la Fuerza Pública y los ejércitos privados desarrollaron una especie de división del trabajo para el combate a las guerrillas: los límites entre el terrorismo de los paramilitares y las acciones de la fuerza pública se borraron, lo cual se constituyó en la época de mayor violencia y terror en el departamento.
El proceso de paz con las FARC-EP encontró a esta guerrilla muy fuertemente dividida. Las estructuras centrales del Frente Décimo no lograban contener la fuerza centrífuga que el narcotráfico estaba desarrollado en los mandos medios de las unidades situadas en el territorio. Unidades completas de la guerrilla se habían entregado ya a la captura de las rentas del narcotráfico y habían desarrollado conexiones muy fuertes con elementos degradados de las fuerzas armadas del vecino país de Venezuela. La vieja dirigencia de este grupo insurgente había fallecido, ya por la vejez natural de los combatientes o por que habían sido dados de baja en múltiples acciones orquestadas desde el paramilitarismo y/o por acciones militares desde la Fuerza Pública. El relevo generacional se dio con combatientes que ingresaron a la guerrilla en pleno auge del narcotráfico en la zona. Combatientes sin educación política, sin conexión con los procesos organizativos que se habían dado en la región y con una mentalidad militarista; ligados a las lógicas ilegales del narcotráfico y con poca intención de seguir las orientaciones del nivel central. En Arauca, a diferencia de otras regiones, el ELN nunca desarrolló un proceso de articulación con las FARC-EP. Más bien, podría aseverarse que las relaciones entre estas dos guerrillas siempre estuvieron marcadas por la disputa del control territorial-poblacional y por la apropiación de las rentas ligadas las economías legales e ilegales allende la frontera.
Todo ello, muestra la complejidad de la situación actual de violencia en el departamento. Por un lado, Arauca siempre ha sido un territorio diverso y con diferencias muy fuertes entre “la sabana y el Piedemonte”. Es decir, se ha mantenido una lógica disruptiva en lo político que en ocasiones se ha agenciado mediante la violencia orquestada desde las organizaciones armadas. La colonización y el poblamiento del territorio aún no se ha logrado integrar en una lógica centrípeta que reconstruya pacíficamente la vida política; y, con ello, las estructuras armadas, antiguas y nuevas, han sacado partido y han sido usadas en las disputas políticas. La debilidad organizativa de las FARC-EP para mediados de la primera década del 2000, tanto en lo nacional como en lo local, repercutió en que al proceso de paz no se sumaran, de manera real y comprometida, la totalidad de las estructuras armadas de la organización. El grueso de la militancia de este grupo guerrillero, sobre todo aquellos combatientes que ya habían hecho transito por la educación política del movimiento atendieron el llamado; pero los mandos medios de compañías y columnas de la organización vieron en la finalización del conflicto y el desorden del otro lado de la frontera una oportunidad inmejorable para apropiarse de las economías ilegales del narcotráfico, el trafico de personas y bienes, y el robo de tierras y ganado de lado y lado de la frontera. El ELN no sufrió de manera contundente la guerra que el Estado y el paramilitarismo le plantearon a las FARC-EP. El ELN incluso desarrolló alianzas con otros actores armados en su disputa con la otra organización subversiva de las FARC. Con ello, el primero salió fortalecido en términos organizativos, siguieron en su lógica de insertarse en las dinámicas del poder local y proyectaron de manera más contundente su influencia al otro lado de la frontera, incursionando en otros negocios como el narcotráfico y la apropiación de tierras.
Un proceso de paz debería iniciar por hacer esa lectura territorial. La búsqueda de esa paz completa debería contemplar las grietas que separan al territorio y la población araucana. Esa posibilidad de negociación debería advertir desde el principio las diferencias del ELN con la antigua guerrilla de las FARC-EP, y en esa misma lectura territorial, plantear acciones diferenciadas de diálogo con esa organización. En relación con las estructuras armadas recicladas de las FARC-EP, se debería entablar un diálogo diferenciado con ellas, tanto con las que dicen ser la prolongación de la lucha original de Marquetalia, como las que no reclaman ese vínculo. Y, por supuesto, no debe obviarse el restablecimiento de los canales diplomáticos con el vecino país. Todo esto, y como exigencia en tono mayor, debería unirse a una intervención intensiva en la provisión de bienes públicos, sobre todo ¡rurales!.
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