Nuevas revelaciones periodísticas sobre reuniones entre funcionarios del Gobierno nacional y el entorno de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, abrieron un nuevo frente de controversia política en el país. Las grabaciones, divulgadas por Noticias Caracol y retomadas por varios medios nacionales, muestran encuentros sostenidos en 2025 entre Jorge Lemus, entonces director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y Luis Felipe Ramírez, abogado del señalado contrabandista.
De acuerdo con lo conocido, en esas conversaciones se hace referencia a supuestos contactos entre emisarios del Gobierno y Marín, así como a información que el llamado ‘zar del contrabando’ tendría sobre personas del círculo cercano del presidente Gustavo Petro. En uno de los apartes revelados, el abogado advierte que si Marín decidiera hablar ampliamente sobre esos acercamientos, podría generar una crisis política de mayores proporciones.
Las revelaciones también incluyen menciones a presuntos ofrecimientos de beneficios judiciales y a la posibilidad de facilitar canales de interlocución con autoridades, lo que ha generado cuestionamientos sobre el alcance de esas reuniones y las competencias de los funcionarios involucrados. Además, en los audios se menciona a varias personas que, según el abogado, habrían actuado como intermediarios o emisarios en nombre del Gobierno.
Tras la difusión de la investigación, el presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente y aseguró que los contactos desde inteligencia tuvieron como único propósito lograr que Diego Marín compareciera ante la justicia colombiana. El mandatario sostuvo que esos acercamientos se permitieron con esa finalidad y señaló, además, que algunos agentes habrían intentado pedir dinero durante ese proceso.
El jefe de Estado también lanzó cuestionamientos hacia la Fiscalía y planteó la posibilidad de que existieran actuaciones irregulares dentro del aparato estatal para impedir que Marín fuera traído al país. Mientras tanto, el caso sigue generando reacciones políticas y nuevas preguntas sobre la relación entre estas gestiones, las denuncias previas sobre dineros presuntamente destinados a la campaña presidencial y el papel de los funcionarios mencionados en las grabaciones.
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