La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH dejó en su informe anual de 2025 una conclusión grave sobre Colombia: persisten asesinatos, atentados, amenazas, hostigamientos y presiones contra periodistas, especialmente en territorios marcados por el conflicto armado y la criminalidad. El informe también advierte un patrón de descalificación desde el poder público, al registrar que el presidente y otros funcionarios usaron expresiones como “desinformadores”, “mentirosos”, “criminales”, “vagabundos”, “cooptados” u “oligárquicos” para referirse a medios y periodistas. Para la Relatoría, ese tipo de lenguaje no es inocuo: deteriora el clima democrático y agrava la vulnerabilidad de la prensa.
El mismo documento recoge un dato que ayuda a dimensionar el problema: en un estudio citado por la Relatoría, el 24% de los medios recibió amenazas para suspender coberturas y el 35% dejó de publicar información por razones de seguridad. Es decir, la libertad de expresión no se restringe únicamente cuando un periodista recibe una amenaza explícita. También se restringe cuando el miedo, la estigmatización, la presión y la violencia terminan vaciando de contenido el ejercicio mismo del periodismo.
Ese marco nacional ayuda a entender mejor lo que ocurre en Arauca. En octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo alertó sobre amenazas, censura y estigmatización contra periodistas en el departamento, en el contexto del conflicto armado. El reporte fue claro en advertir que el ejercicio periodístico en Arauca se desarrolla bajo presión y que las condiciones de seguridad afectan de manera directa la posibilidad de informar.
Pero en Arauca el problema no se expresa solo mediante censura abierta o amenazas visibles. Opera muchas veces a través de un clima de miedo sedimentado. El silenciamiento ya no necesita ser espectacular; basta con que todos sepan qué puede pasar, quién tiene capacidad de daño y cuáles son los costos de incomodar a ciertos intereses. En un territorio atravesado por la confrontación armada, la intimidación no siempre llega en forma de panfleto o llamada. A veces se manifiesta como límite previo, como cálculo de supervivencia, como renuncia anticipada a investigar ciertos asuntos.
Ahí aparece otra distorsión de fondo: el debilitamiento del papel del periodismo frente a la denuncia pública. En condiciones normales, una democracia espera que la investigación, la contrastación y la revelación de hechos de interés público nazcan de un periodismo robusto e independiente. En Arauca, ese lugar ha sido erosionado. Muchas veces la denuncia termina siendo ejecutada por actores políticos o por vocerías interesadas que no actúan desde una lógica de control ciudadano, sino desde el cálculo del enfrentamiento, la exposición y la rentabilidad electoral. Entonces la denuncia deja de percibirse como un ejercicio natural de control social y empieza a ser leída como “persecución política”. Ese cambio es profundo, porque deslegitima de entrada cualquier cuestionamiento, incluso el que tiene fundamento.
En esa degradación también juegan un papel las redes sociales. La expansión de plataformas y canales digitales ha permitido una circulación más rápida de información, pero también ha dado poder a opinadores que intervienen desde la emoción, la lealtad de facción o el interés inmediato, sin el deber de comprobar, contrastar o ponderar. El problema no es que haya más voces; eso, en principio, es positivo. El problema aparece cuando la conversación pública se llena de acusaciones sin verificación, campañas de hostigamiento, relatos fabricados y presión coordinada contra quien contradice. En ese terreno, la información compite en desventaja frente al ruido.
A nivel nacional eso suele resumirse en la palabra “bodegas”. En Arauca, el fenómeno puede ser menos industrial, pero no menos eficaz. No siempre se trata de estructuras partidistas formales. A veces son operadores informales, simpatizantes radicalizados, contratistas, activistas de conveniencia o personas que actúan en favor o en contra de determinados sectores. El efecto es el mismo: bloquear la discusión abierta, intoxicar el debate y castigar al que contradiga. Y como eso ocurre en un entorno donde además existe la posibilidad real de intimidación armada, el efecto disciplinador es mucho más fuerte que en otros lugares del país.
El resultado es una ley del silencio. No porque nadie hable nunca, sino porque casi nadie puede ejercer la palabra con plena libertad, con independencia real y con capacidad de sostener una línea investigativa sin exponerse a costos personales, económicos o incluso físicos. No hace falta exiliar a todo el mundo ni amenazar de manera frontal cada semana; basta con que el ecosistema haya aprendido a autocensurarse para sobrevivir. En Arauca, el miedo ha reducido de forma severa los márgenes reales para investigar, denunciar y deliberar públicamente con libertad.
Esa realidad tiene además un peso histórico que no debería minimizarse. En Arauca la violencia contra la prensa no es una hipótesis ni una exageración retórica. Tiene antecedentes concretos, dolorosos y conocidos, que marcaron de manera duradera el ejercicio del periodismo en el departamento. Por eso, cuando hoy se habla de libertad de expresión en este territorio, no se habla solo de un derecho abstracto. Se habla de un oficio que ha tenido que resistir bajo amenaza, de medios que operan con restricciones reales y de una esfera pública donde el miedo sigue siendo un factor de poder.
El informe de la Relatoría confirma que el deterioro de la libertad de expresión en Colombia no puede leerse solo en cifras de agresiones o en el tono del debate nacional. En lugares como Arauca, el problema es todavía más profundo: la libertad de expresión no solo enfrenta amenazas directas del conflicto armado; también está siendo erosionada por un entorno de intimidación, instrumentalización política de la denuncia y silenciamiento progresivo del periodismo independiente. Cuando eso ocurre, no pierde solo la prensa. Pierde la sociedad entera.
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