El Instituto Nacional de Medicina Legal respondió a las afirmaciones del presidente Gustavo Petro sobre el caso de Kevin Acosta, el niño de 7 años que falleció en Bogotá tras complicaciones derivadas de una caída, y aclaró que la entidad no podía entregar el informe de necropsia al Gobierno Nacional sin una orden judicial.
El Instituto Nacional de Medicina Legal desmintió la versión entregada por el presidente Gustavo Petro durante su alocución del 27 de abril, en la que el mandatario aseguró que la entidad no habría entregado el informe de necropsia del menor Kevin Acosta por instrucción de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.
Kevin Acosta, un niño de 7 años diagnosticado con hemofilia, falleció en febrero en Bogotá luego de sufrir complicaciones tras una caída. Su madre, Yudy Pico, había denunciado que desde diciembre el menor no recibía los medicamentos requeridos por parte de Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno.
De acuerdo con Ariel Emilio Cortés, director de Medicina Legal, el Instituto no tiene competencia para entregar resultados de necropsias a entidades públicas o personas naturales sin una orden judicial. El funcionario recordó que Medicina Legal actúa como auxiliar de la justicia y que documentos como la historia clínica y el informe de necropsia tienen carácter reservado.
Según lo explicado por Cortés, el Ministerio de Salud solicitó el 4 de marzo la entrega de documentos relacionados con el caso, pero la entidad forense no accedió a la petición por tratarse de información protegida. Posteriormente, el 25 de marzo, el Ministerio presentó una acción de tutela contra Medicina Legal, argumentando una presunta vulneración al derecho fundamental de petición.
Sin embargo, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá declaró improcedente la tutela el pasado 14 de abril, por lo que Medicina Legal reiteró que no estaba habilitada para entregar la información solicitada sin una decisión judicial que así lo ordenara.
El caso de Kevin Acosta ha generado debate nacional por las denuncias sobre la falta de entrega de medicamentos a pacientes con enfermedades de alto costo, como la hemofilia, en medio de la intervención del Gobierno a Nueva EPS, la empresa prestadora de salud más grande del país.
La controversia también abrió un nuevo cruce institucional entre el Gobierno Nacional y Medicina Legal, luego de que el presidente Petro cuestionara públicamente la falta de entrega del informe, mientras la entidad forense insistió en que su actuación estuvo ajustada a la reserva legal que protege este tipo de documentos.
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