El Gobierno de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentaron este miércoles el informe de monitoreo de cultivos de coca correspondiente al año 2024. El documento, publicado el 25 de junio, revela que en Colombia se registraron 261.000 hectáreas sembradas con coca, un aumento de 8.000 hectáreas frente a las 253.000 de 2023, equivalente a un crecimiento del 3,5%.
Un informe que llegó con casi un año de retraso
La publicación estuvo aplazada durante cerca de un año mientras se surtían aclaraciones metodológicas y mesas de trabajo con el gobierno del presidente Gustavo Petro. A finales de 2025 se había anunciado que el informe se daría a conocer antes de terminar ese año, pero las partes alegaron que no era un retraso sino un proceso de desarrollo metodológico.
Lo que los hechos revelan es distinto: la publicación estuvo marcada por una creciente tensión entre el Gobierno de Gustavo Petro y las cifras que tradicionalmente presenta la ONU. A finales de octubre de 2025, el presidente Petro se adelantó a la divulgación del documento y reveló algunas estimaciones preliminares sobre los cultivos de hoja de coca. Una conducta inédita que, para analistas y medios de comunicación, evidenció que el gobierno pretendía manejar el momento y el enmarcamiento político de los datos antes de su publicación oficial.
La cifra de producción potencial: ausente
El aspecto más significativo del informe no es lo que muestra, sino lo que omite. Por primera vez en dos décadas, el informe pausó la cifra de producción potencial de cocaína. Según el Ministerio de Justicia, no se publicará el dato sobre producción potencial porque “ese fue el ítem que al Gobierno le incomodó”.
Sin embargo, fuentes no oficiales habían advertido el volumen real: la cifra que Bogotá decidió reservar era de 3.001 toneladas de cocaína potencialmente producidas en 2024. En 2023, el indicador ya había registrado 2.664 toneladas, con un alza del 53% frente al año anterior.
La justificación oficial para retirar este indicador apunta a ajustes metodológicos. Pero la historia de la disputa cuenta otra cosa: el presidente Petro llegó a afirmar que el indicador “ha sido pésimamente construido por la UNODC desde hace lustros”, en medio de las tensiones generadas por la descertificación condicionada de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas.
Lo que el informe sí muestra: más coca, menos erradicación
Las cifras que sí se publicaron dibujan un panorama que contradice la narrativa oficial de logro:
La erradicación manual forzosa cayó de 20.325 hectáreas en 2023 a apenas 9.403 en 2024, una reducción de más de la mitad en solo un año.
Nariño, Norte de Santander y Putumayo concentraron el 64% del área total nacional. En diez años, esos departamentos estuvieron cerca de triplicar sus cultivos de coca.
Los cultivos se ubican cada vez más cerca de centros poblados: mientras en 2004 la mitad del área estaba a menos de 10 kilómetros de un casco urbano, en 2024 el 90% estaba a 15 kilómetros o menos. La distancia promedio a una frontera internacional se redujo de 368 kilómetros en 2004 a apenas 167 kilómetros en 2024.
El gobierno presenta el informe como un logro
La Presidencia de la República publicó el informe describiéndolo en términos de “estabilidad en el área sembrada” y destacando la hoja de ruta para renovar la metodología como un avance institucional. El presidente Petro atribuyó el crecimiento al gobierno de Iván Duque, afirmando que “mi gobierno detuvo el crecimiento de cultivos de hoja y comenzó su descenso desde el 2024”.
La lectura objetiva de los datos, sin embargo, indica que los cultivos crecieron durante los cuatro años de la administración Petro, que la erradicación se redujo a la mitad en el último año, y que el indicador de producción potencial —precisamente el más comprometedor— fue suspendido tras prolongadas presiones sobre la metodología de Naciones Unidas.
La reforma acordada entre el Gobierno y la UNODC reemplazará el tradicional informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), cuya metodología fue cuestionada por el Gobierno nacional durante los últimos años. El SIMCI operaba con continuidad desde 1999, constituyendo una de las series de datos más largas y comparables sobre narcotráfico en el mundo. Su transformación, en este contexto político, plantea interrogantes legítimos sobre la independencia técnica del nuevo instrumento.
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