Un estudio de la Universidad de los Andes volvió a poner bajo análisis los resultados de la política de paz total implementada durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. La investigación advierte que, en varias zonas con presencia de grupos armados ilegales cobijados por ceses al fuego entre 2022 y 2023, aumentaron significativamente distintas formas de violencia contra la población civil, especialmente aquellas asociadas al control territorial y la coerción sobre las comunidades.
El documento, titulado “¿Paz Total? Cómo los ceses al fuego pueden resultar contraproducentes”, fue elaborado por los economistas Daniel Mejía, Juan Fernando Vargas y Andrés Rivera, quienes analizaron distintos indicadores de violencia antes y después de la implementación de los ceses al fuego. Según los hallazgos, en los territorios estudiados la extorsión aumentó 337%, las amenazas crecieron 70% y el reclutamiento forzado de menores se incrementó 168%.
De acuerdo con los investigadores, en varios territorios las organizaciones armadas habrían aprovechado la reducción de operaciones ofensivas para fortalecer su control sobre comunidades, rutas estratégicas y economías ilegales. El estudio también reporta un aumento del 32% en indicadores de gobernanza criminal, especialmente en municipios con presencia de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
Aunque la investigación evidenció una reducción del 73% en los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados, así como una caída del 46% en las bajas en combate de integrantes de estas estructuras, los autores advierten que esta disminución no necesariamente se tradujo en mejores condiciones de seguridad para la población civil. Por el contrario, sostienen que en varias regiones crecieron formas de violencia menos visibles, pero igualmente graves.
Los hallazgos coinciden con alertas recientes de la Contraloría General de la República, que reportó que la presencia de grupos armados ilegales pasó de 195 municipios en 2019 a 518 en 2025, un incremento superior al 165%. Frente a este panorama, el estudio concluye que futuros procesos de negociación con organizaciones armadas requieren mecanismos independientes de monitoreo y verificación que permitan proteger de manera efectiva a la población civil.
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