El ministro del Interior designado del gobierno entrante, Rodrigo Lara Restrepo, denunció este martes en ‘Mañanas Blu’ de Blu Radio presuntas contrataciones de última hora que estaría adelantando el gobierno saliente en distintas entidades del Estado, en medio del proceso de transición entre la administración de Gustavo Petro y el gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.
Durante la entrevista, Lara expresó preocupación por lo que calificó como movimientos contractuales acelerados en varias entidades públicas, advirtiendo posibles riesgos fiscales y eventuales detrimentos patrimoniales debido a la premura con la que, según afirmó, se estarían realizando estos procesos. En ese contexto, señaló que solicitarán a los organismos de control, entre ellos la Contraloría y la Procuraduría, revisar con atención estas actuaciones.
Uno de los casos mencionados por el funcionario designado involucra directamente al departamento de Arauca. Según indicó, existiría una gestión relacionada con 75.000 millones de pesos para ayudas aeronáuticas en el departamento, proceso que, dijo, ha generado inquietud dentro del equipo de empalme por la oportunidad y el momento en que estaría siendo tramitado.
Lara también cuestionó lo que denominó como un “reciclaje” del extinto Ministerio de la Igualdad, al asegurar que parte de su planta de personal estaría siendo reubicada en otras entidades del Estado, entre ellas el Ministerio del Interior. Según sus declaraciones, cerca de 100 personas de esa cartera estarían siendo vinculadas nuevamente, pese a que el ministerio fue liquidado tras la decisión de la Corte Constitucional.
Otro de los puntos que expuso fue una presunta contratación de gran magnitud en el Ministerio de Defensa. De acuerdo con Lara, esa cartera tendría prevista la contratación de recursos por montos cercanos a 13 billones de pesos en equipamiento militar durante los últimos días del actual gobierno.
Asimismo, manifestó preocupación por la situación en la Unidad Nacional de Protección (UNP), donde, según aseguró, se estaría proyectando la vinculación de 6.000 hombres a la planta de personal, sin que el gobierno entrante conozca aún sus perfiles o hojas de vida. Para Lara, esto podría impactar la estructura de seguridad de funcionarios y líderes sociales durante la próxima administración.
“El enfoque que quiere darle el presidente al empalme es un empalme anticorrupción”, afirmó Lara durante la entrevista, insistiendo en que el nuevo gobierno asumirá con rigor la revisión de estos procesos. Sus declaraciones se conocen en medio de la etapa de transición previa a la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.
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