El presidente Gustavo Petro planteó que el Ministerio de Hacienda reconozca como deuda pública nacional una parte de las obligaciones acumuladas de la Nueva EPS, en medio de la profunda crisis financiera que atraviesa la entidad y del riesgo que su eventual liquidación representaría para la red hospitalaria del país.
La declaración del mandatario se conoce luego de que se reportaran pérdidas por 4,8 billones de pesos y deudas por 22,5 billones de pesos en la Nueva EPS, una de las aseguradoras más grandes del sistema de salud colombiano.
Petro afirmó que el ministro de Hacienda debe reconocer la deuda que corresponde al Estado y convertirla en deuda pública nacional, con el fin de pagarla como un proyecto estratégico de la Nación. También advirtió que una liquidación de la Nueva EPS podría provocar el colapso de una parte importante del sistema hospitalario público y privado del país.
La postura del presidente marca un giro relevante en el manejo político de la crisis. Durante buena parte de su gobierno, el debate sobre el sistema de salud estuvo centrado en la crítica al modelo de aseguramiento, al papel de las EPS, a la intermediación y a los presuntos malos manejos de recursos. Sin embargo, la situación actual muestra que el problema llegó a un punto en el que las respuestas ideológicas o discursivas ya no son suficientes.
La crisis de la Nueva EPS no nació en este gobierno. El sistema venía acumulando presiones financieras, deudas con clínicas y hospitales, insuficiencia de recursos y discusiones sobre el valor real de la UPC. Pero también es cierto que durante la actual administración, y especialmente bajo la intervención estatal de la Nueva EPS, el deterioro no logró contenerse y, según reportes conocidos, la deuda continuó creciendo de manera acelerada.
Blu Radio reveló en abril que, durante la intervención a la Nueva EPS, la deuda subió a cerca de 26 billones de pesos y las facturas represadas llegaron a 14,9 billones, una señal del agravamiento operativo y financiero de la entidad. Otros reportes también han advertido un crecimiento sostenido de las obligaciones acumuladas, lo que pone en duda la viabilidad de la aseguradora si no se adopta una solución de fondo.
En ese contexto, el llamado de Petro a reconocer parte de la deuda como obligación pública puede interpretarse como una admisión de la gravedad del problema. El Gobierno ya no habla únicamente de corregir abusos del modelo o de sancionar a responsables privados, sino de evitar una catástrofe sanitaria mediante recursos del Estado.
La decisión, sin embargo, abre un debate complejo. Si el Estado asume parte de la deuda, se podría dar oxígeno a hospitales, clínicas, proveedores y usuarios que hoy enfrentan demoras en pagos, autorizaciones, tratamientos y entrega de medicamentos. Pero también implicaría un impacto fiscal importante para un país que ya enfrenta restricciones presupuestales, aumento del déficit y mayores costos de financiación.
El propio Gobierno ha reconocido el riesgo sistémico. En una comunicación oficial, la Presidencia señaló que si la Nueva EPS llegara a liquidarse, podría colapsar una parte considerable del sistema hospitalario del país, y anunció un plan de choque con recursos del presupuesto nacional para recuperar la confianza y la operatividad de la entidad.
La pregunta de fondo es si el Gobierno llegó tarde a una salida técnica. Para varios sectores, la administración Petro concentró buena parte de su energía política en confrontar el modelo de EPS y en impulsar una reforma estructural, sin resolver con suficiente oportunidad los problemas operativos inmediatos: flujo de recursos, pago a prestadores, auditoría de cuentas, control de facturación, sostenibilidad de la UPC y continuidad de la atención.
No se trata de desconocer que el sistema venía enfermo desde antes, ni de exculpar a actores privados que pudieron contribuir al deterioro. Pero la crisis actual revela que una política pública de salud no puede sostenerse solo sobre el diagnóstico ideológico del modelo. Cuando están en juego tratamientos, cirugías, medicamentos, atención de enfermedades crónicas y servicios hospitalarios, la respuesta debe ser técnica, financiera y operativa desde el primer momento.
Hoy la Nueva EPS se convierte en uno de los mayores problemas que recibirá el próximo gobierno. El presidente electo Abelardo de la Espriella ha prometido resolver la deuda del Estado con las EPS en sus primeros 90 días, en medio de un empalme marcado por alertas fiscales y sanitarias.
La situación exige claridad sobre cuánto debe realmente el Estado, cuánto corresponde a mala gestión de las EPS, cuánto se acumuló durante la intervención y qué parte puede ser reconocida sin premiar irregularidades. También será necesario definir cómo se protegerá a los usuarios mientras se depuran las cuentas.
El punto crítico es que la crisis ya dejó de ser una discusión entre defensores y contradictores del modelo. Si no se adoptan decisiones rápidas, auditadas y financieramente responsables, el deterioro puede traducirse en cierre de servicios, suspensión de contratos, más barreras de atención y riesgo directo para cientos de miles de pacientes.
La propuesta de Petro abre una puerta para atender la emergencia, pero también deja una lección política: transformar el sistema de salud requiere mucho más que voluntad de cambio. Necesita información completa, gestión técnica, acuerdos institucionales, sostenibilidad fiscal y capacidad real para evitar que una reforma o una intervención terminen agravando la crisis que pretendían corregir.
Síguenos en Google Noticias: información de Arauca, Colombia y el mundo
