El Congreso de la República aprobó, durante la madrugada de este martes 20 de octubre, el Presupuesto General de la Nación para 2027, por 634,9 billones de pesos, tras una jornada de casi 19 horas de discusiones, enfrentamientos políticos y votaciones.
La iniciativa del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella recibió 57 votos favorables en el Senado y 112 en la Cámara de Representantes, convirtiéndose en su primera gran victoria legislativa.
Aunque el presupuesto aumenta un 14,2 por ciento frente a los recursos vigentes de 2026, el crecimiento no significa que el Estado disponga libremente de más dinero. Buena parte de esos recursos deberá destinarse al cumplimiento de obligaciones existentes, especialmente al pago de la deuda pública.
Entre los sectores con mayores asignaciones se destacan educación, con 93 billones de pesos; salud, con 81,6 billones; y defensa y seguridad, con 74,9 billones. Por su parte, el servicio de la deuda absorberá aproximadamente 144 billones de pesos.
Durante la discusión, el Congreso consiguió adicionar tres billones de pesos para salud y 100 mil millones para inversión educativa. También se aprobaron 70 mil millones adicionales para gas licuado de petróleo, recursos para infraestructura vial y partidas destinadas a la atención de emergencias y desastres.
Otro de los avances fue la reprogramación de obligaciones de deuda, que permitió liberar cerca de 8,3 billones de pesos para otras necesidades del Estado. Sin embargo, este movimiento no significa que la deuda haya desaparecido, sino que parte de sus pagos se trasladará a otros plazos.
Pero el presupuesto también implica sacrificios.
Se aprobó una reducción de al menos el tres por ciento en gastos no esenciales de funcionamiento del Estado. Además, la asignación para subsidios de servicios públicos contempla una disminución frente a 2026, aunque menos severa que la inicialmente propuesta.
Entre los recortes más controvertidos están los aplicados a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, instituciones que advierten posibles afectaciones a sus actividades. En el caso de la JEP, se aprobó una reducción adicional de aproximadamente 11.400 millones de pesos para destinarlos a indemnizaciones de familiares de militares muertos en combate.
La razón de fondo es la difícil situación fiscal del país.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, explicó que el Estado recibe aproximadamente 29 billones de pesos mensuales, pero gasta cerca de 40 billones. Es decir, presenta una diferencia de alrededor de 11 billones de pesos cada mes.
El Gobierno sostiene que recibió unas finanzas públicas deterioradas, con obligaciones insuficientemente financiadas y un endeudamiento creciente. El escenario fiscal actualizado advierte que, de no aplicarse correcciones, el déficit podría alcanzar el 9,4 por ciento del producto interno bruto en 2027.
En medio de estas dificultades, la actuación del Pacto Histórico generó una fuerte confrontación política.
La bancada, vinculada al expresidente Gustavo Petro, presentó una proposición para archivar el proyecto presupuestal, pero fue derrotada por una amplia mayoría. Posteriormente, varios de sus congresistas abandonaron el recinto antes de finalizar las votaciones.
La oposición argumentó que el presupuesto perjudicaba la financiación del SENA, las víctimas, la educación pública y las regiones. Sin embargo, su decisión de promover el archivo y retirarse de las votaciones también abrió cuestionamientos sobre la conveniencia de intentar frenar un instrumento fundamental para el funcionamiento del Estado en un momento de fragilidad fiscal.
El enfrentamiento resulta especialmente significativo porque buena parte de los problemas fiscales que enfrenta Colombia se acumuló durante la administración anterior, de la cual el Pacto Histórico fue la principal fuerza política de respaldo. La oposición, por su parte, cuestiona el diagnóstico económico del nuevo Gobierno y reclama una distribución diferente de los recursos.
La aprobación del presupuesto representa un avance, pero no soluciona por sí sola el problema financiero del país.
El Gobierno deberá presentar una nueva ley de ajuste fiscal, con la que busca reducir el gasto y llevar el déficit proyectado del 9,4 al 7,2 por ciento del producto interno bruto. Se ha mencionado un ajuste cercano a los 45 billones de pesos, cuyas medidas concretas todavía deberán discutirse.
Por ahora, Colombia tiene aprobado su presupuesto para 2027. El verdadero desafío será financiarlo, cumplir las obligaciones sociales, recuperar la confianza económica y determinar qué nuevos sacrificios serán necesarios para estabilizar las cuentas públicas.
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