La directora general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido Martín, anunció durante una visita a Arauca una inversión de $15.000 millones para apoyar iniciativas productivas y comunitarias, así como medidas para agilizar los procesos de titulación de predios en el departamento. La funcionaria también reveló hallazgos de presuntas irregularidades en la contratación y adquisición de tierras durante la administración anterior, asuntos que, según indicó, están siendo puestos en conocimiento de los organismos de control.
Durante una rueda de prensa en la capital araucana, Garrido explicó que de los recursos anunciados, $13.000 millones estarán destinados a asociaciones campesinas y $2.000 millones a iniciativas comunitarias, incluidas las de comunidades indígenas y negras. Adicionalmente, confirmó la asignación de dos tractores equipados para apoyar las actividades agrícolas en el departamento.
La directora señaló que la entidad prepara una jornada institucional de aproximadamente tres días en Arauca, durante la cual se abrirá una convocatoria para que las asociaciones interesadas presenten sus propuestas. La intención es definir los beneficiarios antes de finalizar 2026, una vez se cumplan los procedimientos establecidos.
En materia de formalización, Garrido informó que existen trámites pendientes relacionados con 18 entidades de derecho público, principalmente instituciones educativas rurales que requieren la titularidad de sus terrenos para facilitar inversiones en infraestructura. También reconoció retrasos superiores a seis meses en algunos procedimientos que dependen de la Unidad de Gestión Territorial del Nororiente, cuya coordinación se encuentra en Cúcuta.
Frente a la posible entrega de 27 títulos de propiedad en Arauca, mencionados durante la rueda de prensa, la funcionaria no confirmó individualmente esos expedientes, pero aseguró que todos los procesos que hayan cumplido los requisitos legales deberán avanzar antes de finalizar diciembre. Su propósito, explicó, es reducir los trámites represados y ofrecer seguridad jurídica a los propietarios rurales, facilitando su acceso a créditos y programas de apoyo productivo.
La visita también estuvo marcada por los cuestionamientos a la administración de la Agencia Nacional de Tierras. Garrido sostuvo que recibió una entidad con aproximadamente 5.100 contratistas en todo el país y que, tras una revisión inicial, se redujeron más de mil vinculaciones. Según explicó, la decisión responde a la necesidad de ajustar los gastos de funcionamiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
En el caso de Arauca, indicó que la oficina cuenta con más de 25 contratistas, aunque durante su visita encontró a diez. La directora anunció una revisión de los informes de actividades y de las necesidades reales de personal, sin precisar todavía cuántos contratos podrían mantenerse o modificarse en la regional.
Sobre las presuntas irregularidades, afirmó que la entidad ha identificado problemas en procesos de contratación y compra de predios correspondientes a la administración anterior. Según su declaración, una auditoría interna examinó cien propiedades adquiridas por más de $120.000 millones y encontró observaciones técnicas, jurídicas, ambientales, agronómicas y catastrales. Estos hallazgos, cuya responsabilidad aún debe establecerse, serán remitidos a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.
Garrido también informó que existen cuatro denuncias relacionadas con posibles delitos en la contratación y el manejo de recursos públicos. Además, advirtió sobre personas que presuntamente cobraban comisiones a campesinos y propietarios por gestionar trámites ante la entidad. Recordó que los procedimientos de la Agencia Nacional de Tierras son gratuitos e invitó a quienes hayan sido afectados a presentar sus denuncias.
La funcionaria cuestionó igualmente gastos en eventos y comunicaciones de la administración anterior, incluidos contratos cuyos soportes, según afirmó, están siendo revisados. También aseguró que la entidad ha identificado ahorros por más de $22.000 millones en contratos de prestación de servicios y recursos presupuestales por aproximadamente $220.000 millones que no serían ejecutados durante este año. Estas cifras corresponden al balance presentado por la directora y no constituyen, por sí mismas, prueba de responsabilidades penales.
En cuanto a su gestión, Garrido señaló que durante los primeros dos meses de su administración se han formalizado más de 600 predios y entregado más de 160 títulos de propiedad. Asimismo, informó que la entidad logró poner en funcionamiento trece tractores que permanecían pendientes de recepción, de los cuales dos serán destinados a Arauca.
Durante la rueda de prensa también respondió a preguntas sobre los cuestionamientos relacionados con su nombramiento y su formación académica. Garrido defendió la validez de sus títulos y su experiencia profesional, aseguró que cumple los requisitos para dirigir la entidad y manifestó que espera las decisiones de las autoridades competentes. Sus declaraciones no equivalen a una resolución de los procedimientos que puedan encontrarse en curso.
Finalmente, la directora reiteró que Arauca será uno de los departamentos priorizados en los procesos de formalización y apoyo al sector rural. La ejecución de los recursos anunciados, la entrega de maquinaria y la resolución de los expedientes pendientes dependerán de los procedimientos administrativos y de los cronogramas que establezca la Agencia Nacional de Tierras.









