El Ministerio del Trabajo derogó y dejó sin efectos 11 circulares expedidas entre septiembre de 2025 y julio de 2026, luego de una revisión jurídica en la que encontró problemas relacionados con competencia, reserva legal, técnica normativa y alcance de algunos de los lineamientos adoptados por la entidad.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 2708 del 20 de agosto de 2026, firmada por la ministra del Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes. Las circulares abordaban asuntos como jornada laboral y horas extras, estabilidad laboral reforzada, libertad y permisos sindicales, negociación colectiva, trabajo doméstico, plataformas digitales de reparto y aplicación de disposiciones de la reforma laboral.
Según el Ministerio, la revisión encontró casos en los que las circulares podían estar creando obligaciones, procedimientos, cargas o criterios sancionatorios sin una habilitación normativa suficiente, además de interpretaciones jurídicas que excedían la función orientadora de este tipo de actos administrativos.
Entre los casos analizados está una circular sobre trabajo doméstico que contemplaba actuaciones de inspectores frente a situaciones de riesgo dentro de viviendas. El Ministerio concluyó que las facultades de inspección laboral no constituyen por sí solas autorización para ingresar a un domicilio y estableció que, ante situaciones graves, deberán activarse las autoridades legalmente competentes, como la Policía Nacional o la Fiscalía.
La resolución también establece que, a partir de su entrada en vigencia, las circulares derogadas no podrán utilizarse como fundamento jurídico autónomo para imponer obligaciones, requisitos, procedimientos, sanciones o limitaciones de derechos.
La medida, sin embargo, no deroga la reforma laboral ni elimina los derechos establecidos en la Constitución, las leyes, los decretos o la jurisprudencia vigente. Tampoco anula automáticamente las actuaciones administrativas que se hayan adelantado mientras las circulares estuvieron vigentes.
El Ministerio explicó que las dependencias responsables deberán revisar las necesidades regulatorias que permanezcan y, cuando corresponda, elaborar nuevos instrumentos utilizando la figura jurídica adecuada.
La decisión ha generado cuestionamientos de organizaciones sindicales, que consideran que el retiro de estos lineamientos puede debilitar algunos mecanismos de inspección y protección laboral. El Gobierno, por su parte, sustenta la medida en la necesidad de garantizar seguridad jurídica y evitar que las circulares administrativas sean utilizadas como fuente independiente para crear obligaciones no previstas expresamente en la legislación.









