Consultores “fantasmas” encontró la Contraloría General de la República al revisar la contratación efectuada por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia –Corporinoquia, en desarrollo de una auditoría donde determinó 9 hallazgos con presunto alcance fiscal por $2.590 millones, 36 hallazgos con presunta connotación disciplinaria y 11 hallazgos con presunta incidencia penal.
La Contraloría General de la República calificó como desfavorable la gestión de la Corporación y consideró que no ha ejercido un control y seguimiento adecuado en los otorgamientos de permisos, licencias y concesiones ambientales, no hace cumplir las medidas de compensación que impone y no inicia los procesos sancionatorios en forma oportuna.
El organismo de control evidenció la celebración de contratos de consultoría con Consorcios y Uniones Temporales por valor de $1.852.29 millones, en los cuales dentro de la propuesta y ejecución se relacionaban profesionales con calidades especiales, que supuestamente les prestaban sus servicios.
Sin embargo, estos profesionales certificaron a la Contraloría General de la República -CGR que nunca participaron dentro de esas contrataciones, ni recibieron recursos provenientes de las mismas.
Esta situación se dio específicamente en 4 contratos de consultoría, tres de 2013 y uno de 2014.
La auditoría concluyó que las consultorías no cumplieron con las condiciones técnicas pactadas. Por su naturaleza, en el contrato de consultoría la escogencia del contratista se hace en atención a sus conocimientos y experiencia en una específica área o actividad, sustentada en un equipo de trabajo con especiales calidades, lo cual no sucedió aquí.
“No he recibido ningún recurso proveniente de ese contrato”
En desarrollo de la auditoría adelantada por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, se solicitó certificación a los profesionales que, de acuerdo al informe y certificación expedida por el contratista y el informe de la interventoría, habían participado en la ejecución de los contratos
La verificación cruzada permitió determinar que la mayoría de los profesionales no participaron en la ejecución de los contratos, ni recibieron recursos derivados de los mismos.
Por citar un ejemplo, en uno de los casos, la profesional propuesta como director de la consultoría le dijo a la Contraloría que no es la autora de la carta de compromiso donde aparece su nombre, y que la firma que aparece allí no es la suya.
“No participé desde ningún punto de vista en el contrato referido” y “no he recibido ningún recurso proveniente de dicho contrato”, aseguró.