Castorila

Seis voceros pueden tener las Farc en el Congreso: Corte

Con una votación 5-2, la Corte Constitucional dio vía libre a esa guerrilla para su participación política a través de ‘Voces de paz’

El miércoles, la Sala Plena de la Corte Constitucional avaló la Ley 1830 de 2017, que le permite a las Farc tener tres voceros en la Cámara de Representantes y tres en el Senado de la República. La determinación se da luego de la dejación de armas por parte de esa organización ocurrida el pasado 27 de junio en el municipio de Mesetas, Meta.

De acuerdo con la corporación judicial los exintegrantes de las insurgencia podrán participar en los debates que se adelanten en el Congreso de la Republica a través del movimiento ‘Voces de Paz’.

Los magistrados del alto tribunal votaron 5 a 2 la decisión que señala que estos voceros de las Farc podrán asistir a todas las sesiones, pero no podrán votar.

Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de lo que se trata es de que tres integrantes del Voces de Paz en la Cámara de Representantes y tres en Senado, participen en los debates que tienen que ver con la implementación de la paz. Además, la iniciativa establece que en todos los debates de proyectos de ley y de reforma constitucional que tienen que ver con víctimas participe, en sesión informal, el presidente de la Mesa Nacional de Víctimas.

El jefe de la cartera política puntualizó: “Este movimiento integrado por ciudadanos en ejercicio es el inicio del partido político que conformarán las Farc cuando termine el proceso de dejación de armas. Este es el último debate que nos permite dar un mensaje de que avanzamos en la implementación de la paz”.

Los miembros de Voces de Paz en el Congreso son Jairo Estrada Álvarez, Pablo Cruz, Judith Maldonado, Francisco Tolosa, Jairo Rivera e Imelda Daza son los miembros de Voces de PazLo que queda por definir tiene que ver con cuestiones logísticas, pues se tendrán que acondicionar puestos en los recintos del Congreso para ellos, así como también oficinas. La ley que permite su participación en el Congreso es la segunda iniciativa, después de la ley de amnistía, que se aprueba en el marco del “fast track” y pasa ahora a sanción presidencial

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