Solo seis caimanes aguja sobrevivieron a la cacería discriminada a finales de los años noventa en la bahía de Cispatá, Córdoba. Los cazadores arrasaron con casi toda la población de estos animales por su piel.
Los cazaban en las ciénagas, preferiblemente en horas de la madrugada con linternas en mano y en una canoa. “Salíamos muy temprano con las linternas y veíamos que el reflejo de la luz brillaba en sus ojos, así los ubicábamos rápidamente”, comenta José Gabriel Pacheco, antiguo cazador de cocodrilos. Los capturaban para luego venderlos vivos y también comercializar su piel; difundió EL TIEMPO.
A partir de 2002, cuando a ese lugar llegaron los biólogos Giovanni Ulloa y Clara Sierra atraídos por la biodiversidad de la zona, las cosas empezaron a cambiar. Estos dos expertos conservacionistas, respaldados por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), emprendieron una jornada de educación y respeto por la fauna y la flora, especialmente por la conservación del caimán aguja.
Decidieron crear un programa de conservación del cocodrilo y lograron convencer a los cazadores de que fueran los cuidadores de esta especie en peligro de extinción.
“En una ocasión recibimos una charla de concientización que nos lavó el cerebro. Antes, en horas de la noche, cazábamos a los animales y capturábamos en una sola noche entre 10 y 15 caimanes, eso nos dejaba unas buenas ganancias”, dice el veterano cazador, quien ahora se dedica a proteger estos animales.
Desde entonces los mismos cazadores, al ver el desastre ecológico que habían causado, se convirtieron en sus protectores y lograron salvar de la extinción a esta especie, llamada científicamente como ‘Crocodylus acutus’.
Para finales del mismo año, 2002, unos 17 pobladores de la zona crearon Asocaimán, un grupo que desde entonces se ha dedicado a la conservación de los caimanes y, ahora, tras varios años de veda se preparan para beneficiarse de esta especie tras levantarse la prohibición de la comercialización por el Gobierno Nacional a comienzos de este año.
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Nelson Rosales Correa, un antiguo cazador y hoy el principal vigilante de la conservación de estos reptiles en el Distrito de Manejo Integral (DMI) de la Bahía de Cispatá, asegura que la puerta que el gobierno abrió para la venta del cuero solamente podrían cruzarla en tres o cuatro años.
Basa su apreciación en las condiciones en que se regula la apertura de la comercialización. El Ministerio de Ambiente estableció que el mercadeo de la piel partirá de la incubación de los huevos entre enero y abril. El nacimiento y posterior crecimiento hasta el tamaño requerido para el sacrificio del animal puede durar entre tres y cuatro años, tiempo a partir del cual se podrán obtener las ganancias por la venta de la piel.
“Es decir que nosotros veremos los primeros resultados de esta medida al lapso de ese tiempo y no es que vamos a sacrificar los animales que hoy tenemos en cautiverio o que son liberados en el DMI”, explica Rosales.
Asegura que aunque es un efecto tardío, no violarán las normas que ellos mismos establecieron desde que se convirtieron en los guardianes de la bahía en Córdoba.
“Este ha sido nuestro proyecto de vida desde hace 20 años y somos los verdaderos protectores de los caimanes, convivimos con ellos, trabajamos por ellos; entonces, ¿cómo se puede pensar que vamos a acabarlos de repente, solamente porque una ley nos permite tener los beneficios que por derecho propio tenemos y que tanto hemos esperado?”, manifiesta Rosales.