En Bogotá, la dra. Claudia Carrasquilla, delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía habló de las capturas a funcionarios.
Funcionarios y ex funcionarios del ICA, ganaderos y otros particulares fueron capturados en una acción investigativa articulada, que se efectuó en Arauca y Meta.
Un trabajo articulado entre la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), permitió la desarticulación de una estructura criminal señalada de ingresar ganado de contrabando de Venezuela.
En la operación desarrollada en los departamentos de Arauca y Meta fueron capturadas 12 personas (dos funcionarios del ICA, cinco exfuncionarios de la misma entidad, un vacunador y cuatro ganaderos). Los detenidos quedaron a disposición de un fiscal seccional de Arauca y para ser presentados ante un juez de control de garantías.
El proceso investigativo surgió a partir de una denuncia instaurada por el ICA, en la que alertó sobre el aumento desmesurado de los inventarios de ganado bovino de algunos ganaderos en la ciudad de Villavicencio (Meta).
En las verificaciones se constató la existencia de un grupo de ganaderos conformado por integrantes de una familia de apellido ‘Quenza’ que, con el presunto auspicio de funcionarios del ICA, habría insertado datos falsos y obtenido ilícitamente guías de movilización para dar apariencia de legalidad a varias cabezas de ganado que ingresaron de contrabando.
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De acuerdo con el material probatorio recopliado, los ganaderos vinculados a la actividad ilegal usaban una propiedad de 494 hectáreas, ubicada en la vereda Feliciano, en Arauca, para mover el ganado desde Venezuela, a través del río Arauca y a pie por vías terciarias y caminos de herradura. Los semovientes eran agrupados en los predios de la familia Quenza y, posteriormente, comercializados a otros ganaderos de la región.
Las labores de investigación criminal evidenciaron que los funcionarios, valiéndose de sus cargos, presuntamente ingresaron información errónea a la base de datos privada del ICA para beneficiar a los contrabandistas de ganado bovino y permitirles aumentar su censo poblacional.
Esta actuación ilegal habría contribuido a que Colombia perdiera el estatus sanitario que otorga la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), toda vez que parte del ganado que entró de contrabando sería portador de fiebre aftosa, situación que habría puesto en riesgo la salud de los consumidores.
En las indagaciones fueron identificadas varias irregularidades en las que habrían incurrido los funcionarios y exfuncionarios del ICA vinculados al proceso. Algunas son:
• Cargar guías al sistema sin el certificado de embarque.
• Ingreso y modificaciones a los sistemas en horarios no laborales.
• Cargue del Registro Único de Vacunación contra la Aftosa con cantidades superiores a las reportadas en los soportes y archivos planos de vacunación
oficial.
• Cargue de pruebas diagnóstico con soportes y documentos PDF que no corresponden a los resultados de las pruebas de laboratorio.
• Alteración de las Guías Sanitarias de Movilización Interna de Animales originales e inclusión de información que no corresponde a los datos reales.
Los investigadores obtuvieron elementos que darían cuenta de que los ganaderos, al parecer, simularon movilizaciones para obtener cupos ganaderos y transportar 417 bovinos de contrabando, avaluados comercialmente en más de 783 millones de pesos.