El Congreso de la República aprobó definitivamente la Ley de Sometimiento a la Justicia, impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. La iniciativa obtuvo 57 votos a favor y 24 en contra en el Senado, mientras que en la Cámara de Representantes recibió 95 votos positivos y 10 negativos. El proyecto quedó pendiente de sanción presidencial.
La aprobación se produjo después de una extensa jornada legislativa que concluyó cerca de la medianoche del martes 3 de noviembre. Durante la etapa final, la Cámara de Representantes reabrió la discusión del artículo segundo para adoptar el mismo texto aprobado por el Senado, evitando así un trámite de conciliación entre ambas corporaciones.
La nueva legislación establece condiciones para el sometimiento de organizaciones criminales de alto impacto a la justicia, sin otorgarles reconocimiento político. Entre sus disposiciones contempla reducciones de penas de hasta el 50% para integrantes de base y del 30% para cabecillas, quienes deberán cumplir una pena mínima de diez años de prisión.
El texto aprobado excluye de los beneficios penales a los responsables del reclutamiento de menores de edad y establece condiciones más estrictas para delitos relacionados con lavado de activos y testaferrato. En determinados casos, se exigirá el cumplimiento de al menos seis años de prisión para acceder a beneficios.
Las organizaciones que busquen acogerse al mecanismo deberán entregar bienes de origen ilícito, proporcionar información a las autoridades, contribuir al esclarecimiento de los delitos y participar en la reparación de las víctimas. La iniciativa no contempla la suspensión de órdenes de captura ni de solicitudes de extradición.
También establece que los centros de reclusión permanezcan bajo administración y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con restricciones efectivas a la libertad. Asimismo, fueron retiradas las disposiciones relacionadas con gastos reservados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), y se determinó que los municipios y departamentos no asumirán nuevas cargas económicas derivadas de estos procesos.
Durante el trámite legislativo, el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, defendió las modificaciones incorporadas al proyecto. Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Cancino, destacó las exigencias establecidas para los integrantes de estructuras criminales que pretendan someterse.
Tras conocerse la aprobación, el presidente Abelardo De La Espriella celebró la decisión del Congreso y agradeció al ministro Iván Cancino por su trabajo en la iniciativa. También reconoció la participación de los congresistas en el trámite y aseguró que su Gobierno continuará trabajando por la seguridad y la justicia. En su pronunciamiento, el mandatario afirmó que «la falsa paz total llegó a su fin», en referencia a la política de paz del Gobierno anterior.
¡HABEMUS LEY DE SOMETIMIENTO! Mi agradecimiento y reconocimiento al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa. Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia. ¡Seguimos trabajando sin descanso por la seguridad, la justicia y la tranquilidad de todos los compatriotas! La falsa paz total llegó a su fin. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 4, 2026
Desde el Congreso, el representante a la Cámara por Arauca, Manuel Alexander Pérez Rueda, del Centro Democrático, también celebró la aprobación y cuestionó la política de Paz Total de la administración anterior. El congresista atribuyó a esa estrategia el incremento de la violencia, los cultivos ilícitos y la presencia de estructuras armadas ilegales, y consideró que la nueva legislación representa un cambio en la respuesta del Estado frente a la criminalidad.
Pérez Rueda dirigió además un mensaje a los habitantes de Arauca, en el que aseguró que continuará trabajando por la seguridad del departamento. Sus declaraciones se produjeron desde el recinto del Congreso, luego de la votación definitiva del proyecto.
La iniciativa queda ahora en manos del presidente de la República para su sanción. Su aprobación se produjo en el contexto del vencimiento del plazo para prorrogar la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, que regula instrumentos utilizados por el Estado en materia de seguridad y procesos de paz.
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